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  • La AEPD participa en una acción europea para supervisar el cumplimiento del derecho de supresión

    La AEPD participa en una acción europea para supervisar el cumplimiento del derecho de supresión

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado su participación en una acción europea coordinada que busca evaluar cómo están aplicando las organizaciones el derecho de supresión que ejercen los ciudadanos, conforme al artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esta acción se enmarca dentro de las iniciativas del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) para 2025.

    Durante la reunión plenaria celebrada en octubre de 2024, el CEPD seleccionó este tema tras constatar que el derecho de supresión es uno de los más solicitados por los ciudadanos y, al mismo tiempo, uno de los que más reclamaciones genera ante las autoridades de protección de datos.

    Participación de 32 autoridades europeas

    Un total de 32 autoridades de protección de datos europeas colaborarán en esta actuación conjunta. La AEPD llevará a cabo un análisis detallado de las prácticas en una muestra representativa de responsables del tratamiento, tanto en el ámbito público como privado. El objetivo es detectar buenas prácticas y posibles deficiencias en la gestión de las solicitudes de supresión de datos personales.

    Próximas medidas y resultados

    Los resultados de este estudio serán analizados de forma coordinada y podrán dar lugar a futuras acciones de supervisión y aplicación en los diferentes países miembros. Además, se generará un informe global que permitirá tener una visión panorámica de la situación en todo el Espacio Económico Europeo.

    Esta acción es la cuarta dentro del Marco de Aplicación Coordinada impulsado por el CEPD, tras iniciativas anteriores centradas en el derecho de acceso, el uso de servicios en la nube en el sector público y el papel de los delegados de protección de datos. El informe final con las conclusiones será publicado tras la finalización de los análisis y servirá como referencia para mejorar la protección de los derechos digitales en Europa.

  • Errores legales que pueden poner en peligro tu startup y cómo evitarlos

    Errores legales que pueden poner en peligro tu startup y cómo evitarlos

    Emprender y lanzar una startup es un proceso emocionante, pero también está lleno de riesgos, muchos de ellos legales. El entusiasmo por el producto o el crecimiento a menudo deja en segundo plano aspectos fundamentales que, si no se atienden a tiempo, pueden acabar poniendo en jaque toda la viabilidad del negocio.

    A continuación, repasamos los errores legales más comunes que cometen las startups y las claves para evitarlos.

    No realizar una due diligence completa

    La due diligence es una investigación profunda de todos los aspectos legales, financieros y operativos de una empresa. Sin embargo, muchas startups omiten este proceso o lo abordan de forma superficial.

    Una correcta due diligence ayuda a identificar deudas ocultas, contratos con cláusulas perjudiciales, problemas de cumplimiento normativo o vulnerabilidades en la propiedad intelectual. Ignorar este paso puede derivar en disputas contractuales, sanciones o pérdida de activos estratégicos.

    Además, si quieres atraer inversores o socios estratégicos, demostrar que tu startup ha superado un proceso de revisión exhaustiva aumentará la confianza y facilitará la negociación.

    Desconocer las obligaciones fiscales y laborales

    Uno de los errores más frecuentes es prestar poca atención a las obligaciones fiscales y laborales, pensando que son temas secundarios. Nada más lejos de la realidad.

    Obligaciones fiscales:
    Las startups deben cumplir con el pago de impuestos sobre beneficios, retenciones a empleados, IVA, impuestos locales y nacionales. No cumplir con estas obligaciones puede acarrear sanciones, recargos y auditorías que perjudiquen la continuidad del negocio. Además, la correcta gestión fiscal de compensaciones y beneficios es clave para evitar problemas futuros tanto con la administración como con los propios socios y empleados.

    Obligaciones laborales:
    No tener contratos de trabajo redactados correctamente o incumplir normativas sobre condiciones laborales, seguridad social o igualdad de oportunidades puede desembocar en reclamaciones judiciales y sanciones. Desde el primer momento, es imprescindible disponer de contratos claros, definir políticas internas y garantizar el cumplimiento legal para proteger a la empresa y a sus trabajadores.

    Ausencia de auditorías internas periódicas

    La falta de revisiones internas es otro gran error. Las auditorías no solo deben centrarse en aspectos financieros, sino también en la revisión de contratos, acuerdos societarios, cumplimiento normativo y protección de la propiedad intelectual.

    Estas revisiones permiten detectar a tiempo posibles riesgos, corregir desviaciones y mantener la empresa preparada para auditorías externas, rondas de inversión o procesos de venta.

    Además, ayudan a identificar oportunidades de mejora, a optimizar recursos y a garantizar que la estrategia legal y fiscal esté alineada con los objetivos del negocio.

    La importancia de rodearse de asesoramiento especializado

    Los problemas legales, fiscales y laborales pueden acabar no solo en sanciones económicas, sino también en pérdida de confianza por parte de inversores, empleados y clientes. Por ello, contar desde el inicio con un equipo legal y fiscal especializado es fundamental.

    En resumen, evitar estos errores pasa por:

    • Realizar due diligence de manera rigurosa en todas las fases clave.
    • Cumplir con todas las obligaciones fiscales y laborales sin excepción.
    • Realizar auditorías internas periódicas que permitan detectar y corregir errores.
    • Contar con asesores legales y fiscales que acompañen el crecimiento del negocio.

    Prestar atención a estos aspectos desde el principio permitirá a las startups construir una base sólida, atraer inversores con confianza y minimizar riesgos legales que podrían comprometer su futuro.

    Referencia: let’s law

  • Claves legales para evitar conflictos societarios en empresas familiares

    Claves legales para evitar conflictos societarios en empresas familiares

    Las empresas familiares son pilares fundamentales del tejido empresarial en España, combinando tradición, valores y objetivos económicos. Sin embargo, esta unión entre familia y negocio puede ser una fuente constante de tensiones si no se gestiona con previsión y profesionalidad. Los conflictos societarios no solo amenazan la continuidad de la empresa, sino que también pueden deteriorar las relaciones personales. Por ello, es fundamental establecer estrategias jurídicas que prevengan problemas antes de que surjan.

    A continuación, repasamos las medidas legales esenciales para evitar conflictos societarios en empresas familiares.

    1. Establecer un pacto de socios

    El pacto de socios es el documento clave para blindar la convivencia empresarial. Este acuerdo regula aspectos fundamentales como:

    • La toma de decisiones estratégicas.
    • Las reglas para la transmisión de participaciones o acciones.
    • Los procedimientos para resolver conflictos.
    • Las condiciones para la entrada y salida de socios.

    En el caso de empresas familiares, es aconsejable incluir cláusulas que garanticen la permanencia de las participaciones dentro de la familia o la obligación de acudir a arbitraje antes de iniciar cualquier procedimiento judicial.

    2. Definir roles y responsabilidades

    Uno de los mayores focos de conflicto es la falta de claridad sobre quién hace qué. Para evitar fricciones:

    • Cada miembro de la familia debe tener definido por escrito su rol, funciones, objetivos y condiciones salariales.
    • Estos acuerdos deben constar en contratos laborales o mercantiles claros.
    • La gestión del negocio debe regirse por criterios profesionales, evitando decisiones basadas únicamente en jerarquía familiar o favoritismos.

    Contar con un consejo de administración o un comité de dirección independiente es una práctica recomendable para garantizar transparencia y evitar conflictos.

    3. Planificar la sucesión

    La sucesión es uno de los momentos más críticos en cualquier empresa familiar. La falta de previsión puede desembocar en disputas internas difíciles de resolver. Por ello:

    • El plan de sucesión debe incluir la designación de los futuros responsables de la gestión.
    • Debe establecer cómo se repartirán las participaciones, cuál será el rol del resto de familiares y en qué plazos se realizará la transición.
    • El plan debe formalizarse mediante documentos jurídicos como testamentos, donaciones o acuerdos de transmisión, con respaldo legal que garantice su cumplimiento.

    4. Incluir mecanismos de resolución de conflictos

    Aunque se tomen todas las medidas preventivas, los conflictos pueden aparecer. Por ello, es fundamental que tanto los estatutos sociales como el pacto de socios contemplen:

    • La mediación, con intervención de un tercero neutral para facilitar acuerdos.
    • El arbitraje, con resoluciones vinculantes para evitar litigios largos y costosos.
    • Cláusulas de compra-venta de participaciones ante desacuerdos irreconciliables.

    Estos mecanismos protegen la privacidad familiar, reducen costes y evitan la judicialización de los conflictos.

    5. Separar el patrimonio familiar del empresarial

    Uno de los errores más habituales es la confusión entre patrimonio familiar y patrimonio de la empresa, lo que puede derivar en problemas financieros y legales. Para evitarlo:

    • Es imprescindible crear estructuras jurídicas como sociedades de responsabilidad limitada para proteger el patrimonio personal.
    • Mantener cuentas bancarias y contabilidades separadas entre la empresa y la familia.
    • Establecer límites claros en las aportaciones económicas de los socios y su tratamiento fiscal.

    6. Asesoramiento profesional

    La complejidad que supone gestionar relaciones familiares dentro de una estructura empresarial hace imprescindible contar con asesoramiento jurídico y fiscal especializado.

    Los abogados expertos en derecho societario y mediación familiar:

    • Ayudan a diseñar protocolos familiares y pactos de socios sólidos.
    • Identifican riesgos legales antes de que se materialicen.
    • Actúan como terceros imparciales para resolver tensiones.
    • Aportan soluciones personalizadas para cada modelo de negocio.

    La importancia de la anticipación

    La mejor estrategia para evitar conflictos en una empresa familiar es anticiparse. La transparencia, la comunicación abierta y la profesionalización son los pilares que, combinados con un buen respaldo legal, garantizan la estabilidad y la continuidad del negocio a largo plazo.

    Contar con asesoramiento especializado y establecer normas claras desde el inicio evitará que las diferencias se conviertan en problemas y permitirá que la empresa familiar no solo sobreviva, sino que crezca de forma sólida y armónica generación tras generación.

  • El 40 % de los castellanomanchegos reconoce tener dudas al comprar una vivienda

    El 40 % de los castellanomanchegos reconoce tener dudas al comprar una vivienda

    La negociación del precio, la financiación, el contrato de compraventa y los impuestos, entre las principales incertidumbres

    La compra de vivienda sigue generando numerosas dudas entre los castellanomanchegos. Según la Radiografía de la compra de vivienda en España, elaborada por onLygal, el 40 % de los compradores de Castilla-La Mancha reconoce tener muchas o bastantes dudas durante el proceso, especialmente en las fases de búsqueda y formalización de la compra.

    Las principales preocupaciones están relacionadas con la negociación del precio y la financiación (69 %), el contrato de compraventa (65 %) y los impuestos asociados a la operación (63 %). Desde onLygal, compañía especializada en soluciones legales y protección jurídica, advierten que “no contar con asesoramiento legal durante el proceso puede acarrear graves consecuencias para los nuevos propietarios”, en palabras de Verónica Badillo, abogada responsable de la red de colaboradores de la compañía.

    El estudio, basado en más de 1.500 entrevistas en toda España, también revela que el 65 % de los compradores considera bastante o muy importante contar con acompañamiento legal especializado durante toda la operación. Un 69 % de los encuestados subraya que un servicio de asesoramiento jurídico evita muchos problemas, y el 60 % cree que agiliza el proceso de compra.

    Dudas frecuentes antes y durante la compra

    En la fase previa a la adquisición de la vivienda, las principales incertidumbres se concentran en la negociación del precio y financiación (69 %), los impuestos asociados (63 %), el estado legal y administrativo de la vivienda (61 %) y su situación jurídica (53 %).

    Para resolver estas dudas, el 50 % de los castellanomanchegos recurre a familiares y amigos; el 39 % acude a agentes inmobiliarios, mientras que el 23 % consulta a su banco o a un asesor financiero. Un 23 % también recurre a búsquedas por Internet.

    Durante el momento clave de la compra, las dudas se centran en el contrato de compraventa (65 %), la contratación de seguros vinculados a la hipoteca (61 %), la liquidación de impuestos (59 %) y la formalización de la hipoteca (55 %). En esta fase, el 45 % de los compradores sigue confiando en el consejo de familiares y amigos, el 35 % consulta con agentes inmobiliarios y un 26 % recurre a su banco o asesor financiero.

    Después de la compra, aún persisten las preocupaciones

    Aunque las incertidumbres disminuyen tras la compra, el 40 % de los encuestados sigue preocupado por posibles defectos ocultos en la vivienda, por la existencia de ayudas o subvenciones, o por retrasos en la entrega en caso de obra nueva.

    Los familiares y amigos siguen siendo la principal fuente de consulta (41 %), seguidos por los agentes inmobiliarios (21 %), asesores financieros (16 %) y búsquedas en Internet (14 %).

    Perfil del comprador castellanomanchego

    La radiografía elaborada por onLygal señala que el perfil medio del comprador de vivienda en Castilla-La Mancha es el de una persona joven (entre 18 y 44 años), soltera y con ingresos mensuales situados entre los 2.000 y 3.500 euros. El 75 % de las compras se orientan a viviendas de segunda mano, con un precio medio de 161.000 euros.

    Por tipo de inmueble, el 67 % se decanta por pisos o apartamentos, mientras que un 31 % opta por viviendas unifamiliares. El 70 % de los compradores tarda menos de un año en encontrar la vivienda adecuada: un 27 % lo hace en menos de tres meses, otro 27 % entre tres y cinco meses, y un 16 % entre seis meses y un año.

    Los principales canales de búsqueda son los portales inmobiliarios (55 %), las agencias inmobiliarias (41 %) y los contactos personales (25 %). Una vez localizada la vivienda, el agente inmobiliario es el principal intermediario en la compraventa (49 %), seguido por los particulares (35 %).

    La financiación bancaria sigue siendo la norma

    El 73 % de los compradores recurre a la financiación bancaria para afrontar la compra de vivienda. Un 20 % indica que no necesita financiación, y un 14 % afirma haber recurrido a préstamos familiares.

    onLygal, pionera en acompañamiento legal

    onLygal, compañía aseguradora del Grupo Mutua Propietarios, cuenta con más de 65 años de experiencia ofreciendo soluciones legales y asegurando protección jurídica a más de un millón de clientes. La empresa destaca por su capacidad para ofrecer asesoramiento legal integral a personas, empresas y emprendedores, adaptando su oferta a las necesidades reales del mercado.

  • La USPTO rechaza la solicitud de la Fundación WordPress para registrar las marcas “Managed WordPress” y “Hosted WordPress”

    La USPTO rechaza la solicitud de la Fundación WordPress para registrar las marcas “Managed WordPress” y “Hosted WordPress”

    La Fundación WordPress ha recibido un revés legal significativo en su intento de registrar los términos “Managed WordPress” y “Hosted WordPress” como marcas comerciales en Estados Unidos. La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) rechazó ambas solicitudes, al considerar que los términos son descriptivos y no cumplen con los requisitos de distintividad necesarios para su registro.

    Fundamentos legales del rechazo

    La decisión de la USPTO se basa en la doctrina de la representatividad, que impide el registro de términos que describen directamente las características, funciones o propósitos de un producto o servicio sin evidencia de que el término ha adquirido un significado secundario distintivo.

    Según la resolución del organismo, los términos propuestos por la Fundación WordPress no pueden registrarse como marcas porque carecen de la capacidad de identificar un origen comercial exclusivo. En su fallo, la USPTO explicó:

    “El solicitante debe renunciar a la exclusividad del término ‘MANAGED’ porque describe una característica de los bienes y servicios que ofrece. Además, esta expresión aparece en la identificación de los servicios prestados, lo que refuerza su naturaleza meramente descriptiva”.

    Asimismo, la USPTO concluyó que el término «Hosted WordPress» simplemente describe un servicio de alojamiento de sitios web basados en WordPress y, por lo tanto, no puede ser monopolizado por una sola entidad.

    Consecuencias para la Fundación WordPress y terceros

    Este fallo representa una victoria para los proveedores de servicios que utilizan los términos “Managed WordPress” y “Hosted WordPress” para describir sus ofertas comerciales. De haberse concedido el registro, la Fundación WordPress habría tenido la facultad de restringir el uso de estos términos y, potencialmente, exigir licencias o emprender acciones legales contra empresas que los utilizaran sin autorización.

    Desde la perspectiva del derecho de marcas, este caso refuerza la importancia del principio de descriptividad en la legislación estadounidense, garantizando que términos de uso común en una industria no puedan ser privatizados sin una justificación adecuada.

    Opciones legales de la Fundación WordPress

    A pesar del rechazo inicial, la Fundación WordPress tiene un plazo de tres meses para presentar una respuesta o apelación ante la USPTO. En este proceso, la organización podría intentar demostrar que los términos han adquirido un “significado secundario” (secondary meaning) en el mercado, es decir, que los consumidores ya los asocian exclusivamente con los servicios de la Fundación.

    Sin embargo, probar el significado secundario requiere demostrar un uso prolongado y reconocido de la marca en el comercio, apoyado en pruebas como encuestas de consumidores, ventas sustanciales y campañas de marketing.

    Si la apelación no prospera, la Fundación aún podría explorar otras estrategias legales, como la creación de términos más específicos y distintivos para diferenciar sus servicios.

    Implicaciones para la industria tecnológica y el ecosistema de WordPress

    El fallo también tiene implicaciones más amplias para el sector tecnológico y el software de código abierto. La comunidad de WordPress, que opera bajo una estructura descentralizada y basada en contribuciones voluntarias, ha sido históricamente cautelosa con los intentos de restringir el uso de términos asociados a la plataforma.

    El rechazo de la USPTO podría reforzar la postura de quienes defienden la apertura del ecosistema de WordPress y su uso sin restricciones por parte de empresas de terceros. No obstante, algunos actores han argumentado que la protección de la marca es necesaria para evitar confusión en los consumidores y preservar la reputación del software.

    Además, la controversia ha avivado debates dentro de la comunidad sobre la gobernanza de WordPress y su liderazgo, con voces que sugieren que la dirección del proyecto debería adoptar un enfoque más transparente y colaborativo en decisiones estratégicas como esta.

    Conclusión

    El rechazo de las solicitudes de la Fundación WordPress marca un precedente importante en la protección de términos genéricos dentro del ámbito de la tecnología y el código abierto. Mientras la Fundación evalúa sus próximos pasos legales, el caso resalta la importancia de la distintividad en el derecho marcario y la necesidad de estrategias bien fundamentadas al intentar registrar términos descriptivos.

    Con el plazo de apelación en marcha, la comunidad jurídica y tecnológica seguirá atenta a los movimientos de la Fundación y a las posibles repercusiones que este fallo pueda tener en futuras disputas de propiedad intelectual dentro del ecosistema digital.

    Fuente: Noticias WordPress

  • 2025: El año en que la factura electrónica será una realidad en España

    2025: El año en que la factura electrónica será una realidad en España

    Un cambio normativo que marcará un antes y un después en la gestión empresarial

    El año 2025 traerá consigo una transformación radical en la gestión administrativa de empresas y autónomos en España. A partir del 1 de julio de 2025, la facturación electrónica será obligatoria, en cumplimiento de la Ley Antifraude de 2021 y la Ley Crea y Crece de 2022. Sin embargo, la preparación del tejido empresarial aún deja mucho que desear: solo el 7% de las pymes están listas para la transición digital, según el Informe Emprende, elaborado por Holded en colaboración con Visma y Kantar.

    La obligatoriedad de la factura electrónica no solo responde a una necesidad de mayor transparencia fiscal, sino que también busca combatir la morosidad en las transacciones comerciales. Esta medida afectará inicialmente a las empresas con una facturación superior a 8 millones de euros anuales, y dos años después será extensiva a todas las empresas y autónomos.

    Un sector empresarial con grandes retos por delante

    La adopción de la facturación electrónica supone un reto especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que aún dependen en gran medida de métodos tradicionales. Según el informe de Holded:

    • El 59,1% de las empresas ya utiliza software de facturación, lo que demuestra una tendencia positiva hacia la digitalización.
    • Sin embargo, solo el 22% ha adoptado soluciones en la nube, quedando rezagadas frente a otras regiones europeas.
    • El 19% aún gestiona sus facturas con hojas de cálculo, lo que incrementa el riesgo de errores.
    • El 13% sigue utilizando papel y lápiz, métodos obsoletos en la era digital.

    Además, cinco de cada diez emprendedores en la región mediterránea dedican más del 40% de su tiempo a tareas administrativas, incluyendo contabilidad, facturación, nóminas y gestión de proveedores. En otras zonas de Europa, como los países nórdicos o Benelux, este porcentaje se reduce, situándose entre el 37% y el 40%.

    La resistencia al cambio y la falta de formación, los grandes obstáculos

    Si bien la digitalización ofrece oportunidades para optimizar los procesos administrativos, existen barreras significativas que dificultan la transición:

    1. Resistencia al cambio: Muchas pymes ven la implementación de software de facturación electrónica como un gasto adicional en lugar de una inversión en eficiencia.
    2. Falta de formación en nuevas tecnologías: El desconocimiento sobre el uso de herramientas digitales impide que muchas empresas adopten estos sistemas de manera efectiva.
    3. Miedo a la complejidad de la normativa: El cambio de un sistema manual a uno digital genera incertidumbre sobre cómo cumplir con la legislación sin incurrir en errores.

    El papel clave del software en la transición digital

    Ante este desafío, el uso de software de facturación en la nube se presenta como la solución ideal para facilitar la adaptación de las empresas a la nueva normativa. Plataformas como Holded permiten a las pymes gestionar de forma ágil sus operaciones, automatizar tareas y asegurarse de que sus facturas cumplen con la legalidad vigente.

    Ventajas de los software de facturación en la nube:

    Automatización del proceso de facturación, reduciendo errores humanos.
    Cumplimiento normativo asegurado, evitando sanciones por incumplimiento de la ley.
    Accesibilidad desde cualquier dispositivo, lo que permite trabajar de forma remota.
    Reducción del tiempo administrativo, permitiendo a los emprendedores centrarse en el crecimiento de su negocio.
    Colaboración en tiempo real entre empresarios, gestores y contables.

    Según el informe de Holded, el 54% de las empresas que usan software de facturación han conseguido ahorrar tiempo. De estas, el 30% ha notado un ahorro moderado, mientras que el 24,1% reporta un ahorro considerable.

    La contabilidad colaborativa: una solución para el futuro

    Uno de los enfoques más innovadores en la gestión contable es la contabilidad colaborativa, que permite a los diferentes actores de una empresa—contables, gestores y empresarios—trabajar de manera conjunta sobre una plataforma digital.

    Gracias a herramientas en la nube, la contabilidad colaborativa facilita la comunicación, minimiza errores y garantiza que todos los procesos administrativos estén alineados con la normativa vigente.

    Holded, un aliado para la digitalización de las pymes

    En este contexto de transformación, Holded ha lanzado su campaña «Creaste tu negocio para disfrutarlo», con el objetivo de concienciar a los emprendedores sobre la importancia de la digitalización en la gestión de sus empresas.

    «La facturación electrónica no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para modernizar los procesos y trabajar de manera más eficiente», señala Jose Rodriguez Ansaldi, Finance Product Lead en Holded. «Nuestro software se adapta constantemente para cumplir con todos los requisitos legales y fiscales, asegurando que los emprendedores puedan centrarse en su pasión y no en el papeleo».

    Con esta iniciativa, Holded busca posicionarse como el software líder en facturación en la nube, facilitando la transición hacia un sistema digitalizado que garantice mayor eficiencia y cumplimiento normativo.

    Conclusión: La digitalización, un reto inminente

    La obligatoriedad de la factura electrónica en julio de 2025 marcará un punto de inflexión en la forma en que empresas y autónomos gestionan sus operaciones.

    Aunque la adopción de tecnologías digitales aún enfrenta retos significativos, como la resistencia al cambio y la falta de formación, la implementación de software de facturación en la nube se perfila como la solución más efectiva para garantizar una transición exitosa.

    Las pymes que aprovechen este cambio no solo cumplirán con la normativa, sino que también optimizarán su tiempo y recursos, aumentando su competitividad en un mercado cada vez más digitalizado.

    Para muchas empresas, 2025 no será solo el año de la factura electrónica, sino el año de su transformación digital definitiva.

  • Cuidado con estar empadronado en una ciudad y vivir en otra: las multas pueden llegar a los 150 euros

    Cuidado con estar empadronado en una ciudad y vivir en otra: las multas pueden llegar a los 150 euros

    El empadronamiento es un trámite administrativo obligatorio que genera confusión y controversia, especialmente cuando la residencia real no coincide con la dirección registrada. Según el Real Decreto 1960/1986, todos los ciudadanos españoles y extranjeros que residan en España deben empadronarse en el municipio donde viven habitualmente. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas que oscilan entre los 3 y los 150 euros, dependiendo del tamaño del municipio.

    La importancia del empadronamiento

    El empadronamiento no es solo un requisito burocrático; es fundamental para acceder a servicios públicos como la sanidad, la educación o el derecho al voto. Además, es necesario para gestionar trámites como la declaración de la renta, solicitar becas o acceder a ayudas públicas. Según el Real Decreto 141/2024, de 6 de febrero, todos los ciudadanos están obligados a mantener actualizado su domicilio en el padrón municipal, incluso si se cambian de vivienda dentro del mismo municipio.

    Multas por no cumplir con la normativa

    Las sanciones por no empadronarse en el lugar de residencia varían según el tamaño del municipio. En localidades con menos de 20.000 habitantes, la multa es de 3 euros. En municipios con más de 500.000 habitantes, puede alcanzar los 150 euros. Además, si una persona utiliza el empadronamiento fraudulentamente con fines lucrativos, podría enfrentarse a penas de cárcel de entre seis meses y tres años, según el artículo 392 del Código Penal.

    Problemas derivados de un empadronamiento incorrecto

    Estar empadronado en una ciudad distinta a la de residencia acarrea múltiples inconvenientes. Por ejemplo, los ciudadanos deben acudir al médico de cabecera o al colegio electoral del municipio donde están empadronados, lo que puede generar desplazamientos innecesarios. También dificulta la desgravación del alquiler en la declaración de la renta o la solicitud de ayudas públicas. Además, las notificaciones oficiales, como avisos de impuestos o información sobre servicios municipales, no llegarán correctamente.

    ¿Se puede estar empadronado en dos sitios?

    La legislación española establece que una persona solo puede estar empadronada en un único domicilio: aquel en el que reside habitualmente. Si se detecta una duplicidad, los ayuntamientos pueden iniciar un procedimiento para corregir la situación, lo que podría resultar en la baja del padrón en uno de los municipios. Esto puede afectar el acceso a servicios públicos y derechos civiles.

    Cómo realizar el trámite

    Cambiar el empadronamiento es un proceso sencillo que puede hacerse tanto de forma presencial como online. Para ello, es necesario presentar documentación como el DNI, un justificante de domicilio y, en algunos casos, el certificado de estudios. La mayoría de los ayuntamientos ofrecen cita previa para agilizar el proceso.

    Mantener el empadronamiento actualizado es una obligación legal que evita sanciones y garantiza el acceso a servicios públicos esenciales. En caso de mudanza o cambio de residencia, es fundamental realizar este trámite lo antes posible para evitar multas y problemas administrativos. Para resolver dudas o situaciones específicas, los ciudadanos pueden acudir a su ayuntamiento, donde recibirán asesoramiento personalizado.

  • La inseguridad jurídica frena el avance del teletrabajo en España

    La inseguridad jurídica frena el avance del teletrabajo en España

    El teletrabajo, que durante la pandemia se presentó como una solución eficaz y necesaria, enfrenta actualmente importantes desafíos en España. Según una investigación liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la inseguridad jurídica derivada de ciertas normativas está dificultando su implementación generalizada. A pesar de sus ventajas, menos del 8 % de los empleados españoles trabajan a distancia, una cifra significativamente inferior a las expectativas generadas tras el confinamiento.

    El retroceso del teletrabajo tras la pandemia

    Durante el estado de alarma, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el teletrabajo llegó a ser una realidad para el 46,7 % de los trabajadores en España. Sin embargo, esta modalidad laboral ha perdido terreno, quedando relegada a un porcentaje mucho menor. La investigadora Irene Rovira Ferrer, de la UOC, señala que la experiencia de quienes trabajaron a distancia durante la pandemia fue mayoritariamente positiva, lo que pone de relieve la necesidad de abordar las barreras actuales para su consolidación.

    Beneficios para empleadores, empleados y el planeta

    El teletrabajo presenta ventajas significativas para todos los actores implicados. Para los empleadores, puede traducirse en ahorros de costes operativos y una mayor rentabilidad. Para los empleados, supone una mejora en la conciliación entre la vida laboral y personal, así como una reducción del tiempo y los costes asociados al transporte.

    Además, el teletrabajo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Por ejemplo, reduce las emisiones asociadas a los desplazamientos (ODS 13: Acción por el clima), fomenta la igualdad de género al permitir una mejor distribución de las labores domésticas (ODS 5: Igualdad de género) y promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad o de localidades rurales (ODS 10: Reducción de las desigualdades).

    Los obstáculos legales y normativos

    Una de las principales barreras para la implementación del teletrabajo en España es la inseguridad jurídica. La Ley 10/2021, de 9 de julio, que regula el trabajo a distancia, establece obligaciones como el suministro de herramientas y la compensación de gastos, lo que ha generado incertidumbre entre los empleadores. Según Rovira, estas obligaciones no solo son complejas de implementar, sino que también pueden tener implicaciones fiscales y afectar a las cotizaciones de la Seguridad Social.

    Además, los artículos 11 y 12 de la normativa añaden carga administrativa para las empresas, lo que puede desincentivar la adopción del teletrabajo. Esto, junto con la falta de guías claras y protocolos de implementación, crea un entorno poco propicio para que las organizaciones apuesten por esta modalidad.

    El camino hacia la consolidación del teletrabajo

    El equipo de investigación de la UOC, en el marco del proyecto La necesaria consolidación del trabajo a distancia: oportunidades, desafíos y propuestas, trabaja en el desarrollo de soluciones prácticas. Entre los objetivos destacan:

    1. Identificar las barreras actuales: Analizar los motivos de reticencia por parte de los empleadores y las implicaciones normativas que dificultan la implementación.
    2. Crear guías y protocolos: Proveer herramientas prácticas para que las empresas cumplan con las obligaciones legales de manera eficiente.
    3. Proponer reformas normativas: Adecuar la legislación para garantizar un equilibrio entre los derechos de empleadores y empleados, la sostenibilidad de las obligaciones y la justicia tributaria.

    Una oportunidad para la sostenibilidad y el desarrollo

    El teletrabajo no solo beneficia a las empresas y a los trabajadores, sino que también representa una oportunidad para avanzar en la Agenda 2030 de la ONU. Su implementación adecuada podría contribuir significativamente a objetivos como el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), la salud y el bienestar (ODS 3) y la acción por el clima (ODS 13).

    Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario superar los obstáculos legales y fomentar una cultura organizativa que valore y promueva el teletrabajo como una herramienta estratégica para el futuro. La investigación liderada por Rovira subraya la importancia de adoptar políticas públicas efectivas que impulsen esta modalidad laboral, así como la necesidad de un marco normativo que brinde certeza y confianza a todas las partes involucradas.

    El teletrabajo, más que una solución temporal, tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo sostenible y bienestar, siempre y cuando se logre un entorno propicio para su consolidación.

    vía: Nota del UOC.

  • ¿Cuánto pueden subirte el alquiler en 2025? Conoce el nuevo límite

    ¿Cuánto pueden subirte el alquiler en 2025? Conoce el nuevo límite

    Con la llegada del nuevo año, las preocupaciones sobre el aumento del alquiler vuelven a estar en el punto de mira. Afortunadamente, las subidas en la renta de las viviendas alquiladas están ahora reguladas por un índice específico que limita los incrementos. Si estás de alquiler, te interesa saber cómo afecta esto a tu contrato y cuánto podría subir tu renta mensual en 2025.


    El IRAV: El índice que regula las subidas del alquiler

    Desde 2025, la actualización anual de los alquileres está vinculada al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), establecido por la Ley por el Derecho de la Vivienda. Este índice, creado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene como objetivo proteger a los inquilinos de subidas desproporcionadas en periodos de alta inflación, como los vividos en años anteriores.

    El IRAV se calcula utilizando el menor valor entre los siguientes indicadores:

    • La tasa de variación anual del Índice de Precios al Consumo (IPC).
    • El IPC subyacente (que excluye los precios más volátiles, como alimentos y energía).
    • La tasa de variación anual media ajustada.

    Esto significa que, aunque la inflación sea alta, el IRAV pone un techo a cuánto puede incrementarse el alquiler.


    Límites según tu contrato de alquiler

    El techo del 2,2% establecido por el IRAV para 2025 se aplica únicamente a los contratos firmados después del 26 de mayo de 2023, fecha en la que entró en vigor la nueva Ley de Vivienda. Si firmaste tu contrato antes de esta fecha, el aumento de la renta estará regulado por el IPC de noviembre de 2024, que se sitúa en el 2,4%.

    Aunque la diferencia entre ambos índices (2,2% y 2,4%) pueda parecer pequeña, su importancia radica en evitar subidas excesivas en momentos de inflación descontrolada, garantizando una mayor estabilidad para los inquilinos.


    Ejemplo práctico: ¿Cuánto subiría mi alquiler si pago 1.000 euros al mes?

    Imaginemos que actualmente pagas 1.000 euros de alquiler al mes. Según las condiciones de tu contrato y los índices aplicables para 2025, el incremento sería el siguiente:


    1. Contratos firmados antes del 26 de mayo de 2023 (IPC – 2,4%)

    • El aumento máximo permitido sería del 2,4%.
    • Cálculo del aumento: 1.000 €×0,024=24 €
    • Nueva renta mensual: 1.000 €+24 €=1.024 €

    2. Contratos firmados después del 26 de mayo de 2023 (IRAV – 2,2%)

    • El aumento máximo permitido sería del 2,2%.
    • Cálculo del aumento: 1.000 €×0,022=22 €
    • Nueva renta mensual: 1.000 €+22 €=1.022 €

    Diferencia entre ambos escenarios

    • Con el IPC (2,4%), tu alquiler aumentaría 24 euros al mes.
    • Con el IRAV (2,2%), tu alquiler aumentaría 22 euros al mes.
    • Ahorro con el IRAV: 24 €−22 €=2 € mensuales (24 € anuales).

    Aunque la diferencia parezca pequeña, el IRAV se vuelve especialmente valioso si se producen futuras escaladas de inflación, limitando subidas mayores en el precio del alquiler.


    Protección frente a la inflación

    Aunque la diferencia actual entre ambos índices sea pequeña, la verdadera ventaja del IRAV se hará notar en contextos de inflación alta, como los de 2022, cuando el IPC superaba el 10%. En ese escenario, el IRAV evita que los inquilinos enfrenten incrementos insostenibles en su renta mensual.


    Conclusión

    Si estás de alquiler, es fundamental conocer las condiciones de tu contrato y cómo se aplican las actualizaciones de renta. Para quienes firmaron contratos recientes, el IRAV supone una garantía de estabilidad frente a la volatilidad de los precios. Y aunque los contratos antiguos sigan ligados al IPC, las limitaciones actuales son un avance hacia una mayor protección para los inquilinos.

  • Obligaciones de Accesibilidad Digital: Un compromiso legal y ético para las empresas

    Obligaciones de Accesibilidad Digital: Un compromiso legal y ético para las empresas

    En la era digital, garantizar la accesibilidad web para personas con discapacidad no es solo una cuestión ética, sino una obligación legal que afecta a empresas y servicios en España. Con el objetivo de proporcionar igualdad de acceso y oportunidades, diversas normativas exigen el cumplimiento de estándares específicos en sitios web y aplicaciones móviles. Este artículo repasa las claves para cumplir con estas regulaciones, su impacto y cómo prepararse para los retos futuros.


    Marco Legal de la Accesibilidad Web

    Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (2013)

    Esta ley es la base normativa que asegura la integración y participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Su enfoque incluye la accesibilidad universal y la igualdad de oportunidades, estableciendo un régimen de sanciones para garantizar el cumplimiento de estas condiciones.

    Ley 11/2023 de Accesibilidad de Productos y Servicios

    Entró en vigor con el propósito de transponer directivas europeas en materia de accesibilidad. La ley regula aspectos clave para asegurar que productos y servicios digitales sean utilizables por todas las personas, incluyendo:

    • Sitios web y aplicaciones móviles.
    • Servicios de comercio electrónico.
    • Sistemas de pago e identificación electrónica.

    Esta normativa exige que todos los servicios dentro de su ámbito sean accesibles y compatibles con tecnologías de apoyo para personas con discapacidades.


    Requisitos Generales de Accesibilidad

    De acuerdo con la Sección III del Anexo I de la Ley 11/2023, los servicios deben cumplir con los siguientes criterios:

    1. Interfaces Accesibles:
      • Proveer información a través de múltiples canales sensoriales.
      • Usar tipografías legibles y tamaños de letra adecuados.
      • Garantizar un contraste visual suficiente y ofrecer presentaciones alternativas del contenido.
    2. Información Clara y Accesible:
      • Explicar las características del servicio en formatos adaptados (texto, audio, visual).
      • Describir la interoperabilidad con dispositivos de apoyo.
    3. Funciones Críticas Accesibles:
      • Diseñar herramientas de pago, identificación y seguridad que sean perceptibles, comprensibles y confiables para todos los usuarios.
    4. Compatibilidad con Tecnologías de Apoyo:
      • Asegurar que los servicios de asistencia técnica y formación estén disponibles en modos accesibles (teléfonos, puntos de contacto, etc.).

    Impacto en los Servicios de Comercio Electrónico

    Los comercios electrónicos tienen un papel destacado en esta regulación, ya que deben cumplir con estándares específicos para garantizar una experiencia inclusiva de compra online:

    • Información del Producto: Presentar datos claros y accesibles para que los consumidores con discapacidades puedan tomar decisiones informadas.
    • Acceso Universal a Funciones Clave: Desde la identificación hasta el pago, todas las funciones deben estar diseñadas para ser accesibles y fáciles de usar.

    Obligaciones de los Prestadores de Servicios

    Las empresas deben cumplir con diversas responsabilidades legales, incluyendo:

    • Diseñar servicios conforme a los requisitos de accesibilidad establecidos.
    • Proveer documentación que evalúe cómo cumplen los requisitos de accesibilidad.
    • Mantener actualizada la información sobre accesibilidad durante el tiempo de funcionamiento del servicio.
    • Implementar procedimientos internos para garantizar la conformidad continua con los estándares legales.

    El incumplimiento puede dar lugar a sanciones legales y dañar la reputación de la empresa.


    Próximos Cambios: Real Decreto 193/2023

    A partir del 1 de enero de 2029, serán exigibles las condiciones básicas de accesibilidad establecidas en este decreto. Estas condiciones incluyen:

    • Cumplimiento de los niveles de prioridad A y AA de la Norma UNE 139803.
    • Declaraciones de conformidad basadas en las pautas WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), que abarcan elementos como el tamaño de letra, contraste visual y adaptabilidad del contenido.

    Para facilitar la transición, las empresas deben adoptar un enfoque progresivo y prepararse desde ahora para cumplir con estas exigencias.


    Beneficios de la Accesibilidad Proactiva

    Cumplir con las normativas de accesibilidad no solo evita sanciones, sino que también:

    1. Amplía la base de usuarios potenciales al incluir a personas con discapacidad.
    2. Mejora la experiencia del usuario para todos, no solo para quienes tienen necesidades específicas.
    3. Fortalece la reputación corporativa al posicionar a la empresa como inclusiva y socialmente responsable.

    Conclusión

    La accesibilidad web no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para construir un mundo digital más inclusivo. Adoptar estándares de accesibilidad no solo garantiza el cumplimiento normativo, sino que también promueve la igualdad y mejora la experiencia de todos los usuarios. Empresas y prestadores de servicios deben actuar ahora para cumplir con las normativas actuales y prepararse para las exigencias futuras, asegurando así una transición fluida hacia un entorno digital accesible para todos.