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El teletrabajo, que durante la pandemia se presentó como una solución eficaz y necesaria, enfrenta actualmente importantes desafíos en España. Según una investigación liderada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la inseguridad jurídica derivada de ciertas normativas está dificultando su implementación generalizada. A pesar de sus ventajas, menos del 8 % de los empleados españoles trabajan a distancia, una cifra significativamente inferior a las expectativas generadas tras el confinamiento.
El retroceso del teletrabajo tras la pandemia
Durante el estado de alarma, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el teletrabajo llegó a ser una realidad para el 46,7 % de los trabajadores en España. Sin embargo, esta modalidad laboral ha perdido terreno, quedando relegada a un porcentaje mucho menor. La investigadora Irene Rovira Ferrer, de la UOC, señala que la experiencia de quienes trabajaron a distancia durante la pandemia fue mayoritariamente positiva, lo que pone de relieve la necesidad de abordar las barreras actuales para su consolidación.
Beneficios para empleadores, empleados y el planeta
El teletrabajo presenta ventajas significativas para todos los actores implicados. Para los empleadores, puede traducirse en ahorros de costes operativos y una mayor rentabilidad. Para los empleados, supone una mejora en la conciliación entre la vida laboral y personal, así como una reducción del tiempo y los costes asociados al transporte.
Además, el teletrabajo contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. Por ejemplo, reduce las emisiones asociadas a los desplazamientos (ODS 13: Acción por el clima), fomenta la igualdad de género al permitir una mejor distribución de las labores domésticas (ODS 5: Igualdad de género) y promueve la inclusión laboral de personas con discapacidad o de localidades rurales (ODS 10: Reducción de las desigualdades).
Los obstáculos legales y normativos
Una de las principales barreras para la implementación del teletrabajo en España es la inseguridad jurídica. La Ley 10/2021, de 9 de julio, que regula el trabajo a distancia, establece obligaciones como el suministro de herramientas y la compensación de gastos, lo que ha generado incertidumbre entre los empleadores. Según Rovira, estas obligaciones no solo son complejas de implementar, sino que también pueden tener implicaciones fiscales y afectar a las cotizaciones de la Seguridad Social.
Además, los artículos 11 y 12 de la normativa añaden carga administrativa para las empresas, lo que puede desincentivar la adopción del teletrabajo. Esto, junto con la falta de guías claras y protocolos de implementación, crea un entorno poco propicio para que las organizaciones apuesten por esta modalidad.
El camino hacia la consolidación del teletrabajo
El equipo de investigación de la UOC, en el marco del proyecto La necesaria consolidación del trabajo a distancia: oportunidades, desafíos y propuestas, trabaja en el desarrollo de soluciones prácticas. Entre los objetivos destacan:
- Identificar las barreras actuales: Analizar los motivos de reticencia por parte de los empleadores y las implicaciones normativas que dificultan la implementación.
- Crear guías y protocolos: Proveer herramientas prácticas para que las empresas cumplan con las obligaciones legales de manera eficiente.
- Proponer reformas normativas: Adecuar la legislación para garantizar un equilibrio entre los derechos de empleadores y empleados, la sostenibilidad de las obligaciones y la justicia tributaria.
Una oportunidad para la sostenibilidad y el desarrollo
El teletrabajo no solo beneficia a las empresas y a los trabajadores, sino que también representa una oportunidad para avanzar en la Agenda 2030 de la ONU. Su implementación adecuada podría contribuir significativamente a objetivos como el trabajo decente y el crecimiento económico (ODS 8), la salud y el bienestar (ODS 3) y la acción por el clima (ODS 13).
Sin embargo, para que esto sea posible, es necesario superar los obstáculos legales y fomentar una cultura organizativa que valore y promueva el teletrabajo como una herramienta estratégica para el futuro. La investigación liderada por Rovira subraya la importancia de adoptar políticas públicas efectivas que impulsen esta modalidad laboral, así como la necesidad de un marco normativo que brinde certeza y confianza a todas las partes involucradas.
El teletrabajo, más que una solución temporal, tiene el potencial de convertirse en un motor de desarrollo sostenible y bienestar, siempre y cuando se logre un entorno propicio para su consolidación.
vía: Nota del UOC.