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  • Cómo transformar una orden verbal en prueba escrita aunque la empresa no quiera

    Cómo transformar una orden verbal en prueba escrita aunque la empresa no quiera

    En el día a día laboral, no son pocos los trabajadores que se enfrentan a una práctica habitual: recibir órdenes o promesas de sus superiores que no se ponen por escrito. Puede tratarse de horas extras que incumplen la legalidad, un pacto verbal sobre condiciones de trabajo o incluso compromisos que nunca llegan a cumplirse. El objetivo de muchos empresarios, en estos casos, es claro: no dejar rastro.

    Sin embargo, existe un sencillo recurso que los juristas laborales más veteranos conocen bien y que cualquier empleado puede aplicar: convertir lo verbal en documental, aunque la empresa no lo quiera.

    Grabaciones y correos: dos tipos de prueba diferentes

    En el terreno judicial, no todas las pruebas tienen el mismo peso. Una grabación de audio es válida, siempre que uno de los interlocutores participe en la conversación (es decir, el propio trabajador). En este caso, se considera una prueba testifical, porque equivale a la empresa “declarando contra sí misma” de manera indirecta.

    El problema es que este tipo de pruebas suelen tener limitaciones en instancias superiores. En un recurso de suplicación ante un Tribunal Superior de Justicia, por ejemplo, es mucho más difícil que prospere basándose únicamente en testimonios, incluso si estos son grabaciones.

    Aquí entra en juego el documento escrito. Los jueces suelen otorgar mayor seguridad jurídica a una prueba documental que a una testifical. Y un simple correo electrónico puede marcar la diferencia.

    El truco: enviar un email tras la conversación

    El mecanismo es tan sencillo como eficaz: tras la conversación con el jefe o encargado, el trabajador envía un correo electrónico a la empresa con un texto neutral que deje constancia de lo hablado.

    Ejemplos:

    • “El día 12 de marzo, don Fulanito me comunicó lo siguiente: …”
    • “En la reunión del 20 de abril, acordamos lo siguiente: …”

    No hace falta pedir confirmación, ni mencionar que se ha grabado la conversación, ni cuestionar la legalidad de lo ordenado. Tampoco conviene caer en la fórmula de “me reservo el derecho a demandar”, que resulta innecesaria. Lo importante es que el correo exista y quede archivado.

    Ese correo ya es prueba documental, y si la empresa lo niega, la grabación puede reforzar su validez en juicio. En la práctica, se obtiene una doble munición probatoria: por un lado, el documento escrito, y por otro, la grabación que confirma lo dicho.

    ¿Y los WhatsApp? También cuentan

    Durante años, hubo debate en los tribunales sobre si un mensaje de WhatsApp podía considerarse prueba documental. Hoy, la tendencia está cambiando: cada vez más sentencias aceptan los WhatsApp como documentos válidos, siempre que se presenten correctamente, preferiblemente con un acta notarial o mediante herramientas de certificación que acrediten su autenticidad.

    No obstante, sigue siendo común que algunos abogados los presenten solo en pantallazos, lo que debilita su fuerza probatoria. La recomendación de expertos es transcribir los mensajes en la demanda y acompañarlos de un medio de verificación oficial.

    Así, un simple mensaje del tipo “acuérdate de quedarte dos horas más” enviado por un encargado puede convertirse en una pieza clave en un juicio laboral.

    Más pruebas, más opciones de éxito

    El objetivo de este “truco” no es tanto negarse a cumplir la orden —si esta fuera ilegal, la empresa sería la que tendría que justificarla en un hipotético despido—, sino acumular pruebas sólidas para futuros litigios:

    • Reclamación de horas extra no pagadas.
    • Demandas por funciones superiores.
    • Incumplimientos de pactos o promesas.
    • Tutelas de derechos fundamentales en casos de acoso o represalias.

    Cuantas más pruebas haya —y cuanto más variadas sean—, más difícil será que la empresa escape a su responsabilidad en un tribunal.

    Conclusión

    En un entorno laboral donde todavía abundan los “empresaurios” que prefieren las palabras al papel, los trabajadores cuentan con herramientas sencillas para no quedar indefensos. Grabar, resumir por email o guardar un WhatsApp puede marcar la diferencia entre la palabra del jefe y una victoria judicial con pruebas documentales en la mano.

    La tecnología, en este caso, se convierte en aliada: un correo, un audio o un mensaje de WhatsApp pueden ser el escudo que proteja al trabajador frente a abusos y promesas incumplidas.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Es legal grabar a mi jefe sin su consentimiento?
    Sí, siempre que el trabajador participe en la conversación. Lo ilegal sería grabar conversaciones de terceros sin intervenir en ellas.

    ¿Un WhatsApp es siempre una prueba documental?
    Depende. Cada vez más tribunales lo aceptan, pero es recomendable acompañarlo de un acta notarial o certificación para reforzar su autenticidad.

    ¿Un email enviado por el trabajador vale como prueba?
    Sí. Aunque lo haya redactado el propio empleado, se considera prueba documental. Si además se acompaña de una grabación que lo respalde, su fuerza probatoria aumenta.

    ¿Qué es mejor, grabar o enviar un email?
    Lo mejor es hacer ambas cosas: grabar para contar con una prueba testifical y enviar un email para tener una prueba documental.

    vía: laboro-spain

  • España aprueba el Anteproyecto de Ley para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial

    España aprueba el Anteproyecto de Ley para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial

    El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Inteligencia Artificial, un ambicioso marco normativo con el que España pretende convertirse en uno de los países pioneros en establecer reglas claras, éticas e inclusivas para el desarrollo y uso de tecnologías basadas en IA. El texto legal, que ahora iniciará su trámite parlamentario, refuerza la protección de derechos fundamentales y busca alinear el ecosistema tecnológico con los principios del Reglamento europeo de IA, conocido como AI Act.

    Objetivo: aprovechar la IA sin dejar a nadie atrás

    El anteproyecto, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, parte de una premisa clara: la inteligencia artificial es una oportunidad de transformación social, económica y científica, pero su despliegue debe hacerse bajo principios éticos, de inclusión y de transparencia.

    Tal y como señaló el Gobierno en la presentación oficial, la futura ley tiene como metas:

    • Garantizar un uso seguro y responsable de la IA en España.
    • Fomentar la innovación sin comprometer los derechos de las personas.
    • Proteger a los colectivos vulnerables frente a sesgos algorítmicos o usos discriminatorios.
    • Impulsar la creación de entornos de prueba (sandboxes) para proyectos de IA confiable en sectores estratégicos.

    Coordinación con Europa: una ley alineada con el AI Act

    El anteproyecto nace en un contexto europeo en el que ya se ha aprobado el Reglamento de Inteligencia Artificial (UE), con aplicación directa a todos los Estados miembros. La norma española se articula como una ley complementaria, que refuerza aspectos clave del AI Act y establece responsabilidades claras a nivel nacional, incluyendo:

    • La creación de una Agencia Española de Supervisión de la IA, que funcionará como organismo nacional competente.
    • La obligación de registro de sistemas de alto riesgo, como aquellos utilizados en ámbitos laborales, sanitarios o educativos.
    • Reglas específicas sobre la transparencia en los modelos generativos y sistemas de toma de decisiones automatizadas.

    Derechos, transparencia y control humano

    Uno de los pilares del texto es la protección de los derechos fundamentales frente a decisiones automatizadas. El anteproyecto establece que:

    • Todo ciudadano tendrá derecho a saber si está interactuando con un sistema de IA.
    • Se podrá solicitar una revisión humana de decisiones automatizadas en procesos administrativos, sanitarios o financieros.
    • Las empresas deberán documentar cómo han entrenado sus modelos, qué datos han usado y qué medidas han adoptado para minimizar sesgos o errores.

    En este sentido, el Gobierno insiste en que la futura ley no busca frenar el desarrollo tecnológico, sino garantizar su uso justo y equitativo, sin reproducir desigualdades ni vulnerar derechos.

    Impacto en el sector público y las empresas

    La ley tendrá un impacto directo tanto en el sector público como en el privado:

    • Las administraciones públicas estarán obligadas a realizar auditorías de impacto algorítmico antes de poner en marcha sistemas de IA en servicios críticos.
    • Las empresas tecnológicas deberán aplicar principios de explicabilidad, trazabilidad y supervisión humana en sus productos, especialmente si operan en sectores sensibles.
    • Se fomentará el desarrollo de sistemas de IA “de confianza” mediante incentivos y acceso a espacios controlados de experimentación.

    Reacciones del ecosistema digital

    El anuncio ha sido bien recibido por buena parte del ecosistema tecnológico español, que reclamaba desde hace tiempo un marco normativo claro. No obstante, algunas voces del sector empresarial han mostrado preocupación por la posible carga burocrática para startups o pymes, especialmente aquellas que trabajan con modelos de lenguaje o IA generativa.

    Por su parte, asociaciones de defensa de los derechos digitales y la privacidad han valorado positivamente el enfoque de derechos humanos y la previsión de mecanismos de control independientes.

    Próximos pasos

    Tras su aprobación en Consejo de Ministros, el anteproyecto pasará a consulta pública y posteriormente será remitido al Congreso para su tramitación legislativa. El Ejecutivo espera que la ley pueda entrar en vigor antes de que finalice 2025, en paralelo con la implementación del AI Act europeo.

    Con esta iniciativa, España aspira a situarse entre los países más avanzados en regulación de inteligencia artificial, apostando por una tecnología que respete la diversidad, evite discriminaciones y esté al servicio del bienestar colectivo.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Qué es el Anteproyecto de Ley de Inteligencia Artificial en España?
    Es una norma que establece un marco legal para el desarrollo y uso ético, transparente e inclusivo de la IA, alineado con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

    ¿A quién afecta esta ley?
    Afectará tanto al sector público como privado. Administraciones, empresas, desarrolladores y proveedores de sistemas de IA deberán cumplir con sus requisitos, especialmente si operan en sectores de riesgo.

    ¿Cómo protege esta ley los derechos de los ciudadanos?
    Garantiza el derecho a saber si una decisión ha sido tomada por una IA, a solicitar revisión humana, y exige transparencia sobre los datos y modelos utilizados por los sistemas automatizados.

    ¿Cuándo entrará en vigor esta ley?
    Si cumple los plazos previstos, podría entrar en vigor antes de que acabe 2025, coincidiendo con la aplicación plena del AI Act en la Unión Europea.

  • Pactos de socios en España: cómo blindar los derechos de los minoritarios

    Pactos de socios en España: cómo blindar los derechos de los minoritarios

    En el tejido empresarial español, donde la mayoría de las sociedades constituidas son de responsabilidad limitada (S.L.), los conflictos entre socios son más habituales de lo que parece. Las diferencias entre socios mayoritarios y minoritarios —en especial en momentos de toma de decisiones estratégicas o entrada de nuevos inversores— pueden derivar en tensiones, bloqueos e incluso en procesos judiciales costosos y prolongados.

    En este contexto, los pactos de socios no son un simple apéndice contractual, sino una herramienta esencial de gobernanza. Estos acuerdos privados permiten establecer reglas del juego claras desde el inicio, y son especialmente valiosos para equilibrar el poder y proteger a los socios con menor participación.

    Minoría no significa debilidad

    Un socio minoritario no es un socio irrelevante. Aunque la Ley de Sociedades de Capital (LSC) otorga ciertos derechos mínimos, como el derecho de información, de impugnación de acuerdos sociales o de convocatoria de junta si se posee al menos el 5 % del capital, en la práctica estos derechos pueden quedarse cortos frente a estructuras de control dominadas por socios mayoritarios.

    Por ello, es habitual que en startups, sociedades familiares o empresas con inversores externos se suscriban pactos de socios que refuercen y amplíen los derechos de los minoritarios, aportando transparencia, equilibrio y previsibilidad a la relación societaria.

    Cláusulas estratégicas que protegen a los minoritarios

    1. Derecho de acompañamiento (Tag Along)

    Uno de los derechos más utilizados para proteger al socio minoritario es el tag along, o derecho de acompañamiento. Este otorga al minoritario el derecho de sumarse a la venta si un socio mayoritario decide transmitir sus participaciones a un tercero. Así, evita quedar atrapado en una sociedad controlada por un nuevo socio con el que no tiene relación ni afinidad estratégica.

    Este mecanismo no solo permite que los minoritarios capitalicen su inversión en condiciones de mercado, sino que también genera confianza frente a posibles inversores, al garantizar una salida ordenada y justa para todas las partes implicadas.

    2. Derecho de arrastre (Drag Along)

    Complementario al anterior, el drag along o derecho de arrastre permite a los socios mayoritarios obligar a los minoritarios a vender en caso de una oferta global de adquisición. Este derecho es especialmente relevante en procesos de venta de la compañía o de entrada de fondos de inversión que exigen el control total.

    Aunque puede parecer una cláusula dura para los minoritarios, si está bien regulada (por ejemplo, garantizando precio justo, auditoría externa o plazos razonables), permite que estos también se beneficien de la transacción en igualdad de condiciones.

    3. Anti-dilución: mantener el valor en futuras rondas

    Las cláusulas anti-dilución protegen a los minoritarios ante futuras ampliaciones de capital en condiciones más ventajosas para nuevos inversores. En estos casos, el minoritario puede ver erosionada su participación si no se introducen mecanismos correctores.

    Las fórmulas más comunes en España son:

    • Anti-dilución plena (full ratchet): el minoritario ve ajustada su participación como si hubiese invertido al nuevo valor.
    • Anti-dilución ponderada (weighted average): el ajuste se hace teniendo en cuenta el valor y número de nuevas participaciones emitidas.

    Estas cláusulas son esenciales en fases tempranas de inversión y deben regularse con precisión para evitar litigios futuros.

    4. Derechos de información reforzados

    Aunque el artículo 196 LSC establece un derecho básico de información, éste se limita al marco de la junta general. Los pactos de socios pueden ir mucho más allá: prever el acceso trimestral a los estados financieros, la notificación de operaciones relevantes, el seguimiento de KPI estratégicos o incluso la auditoría independiente a cargo del socio minoritario.

    Este refuerzo es vital para poder ejercer un control efectivo y tomar decisiones informadas, sobre todo cuando el minoritario no participa en la gestión diaria.

    5. Derecho de veto sobre decisiones clave

    Para los minoritarios con un papel estratégico (fundadores, inversores institucionales, etc.), es común pactar derechos de veto sobre decisiones críticas, como:

    • Modificación de estatutos.
    • Aumentos de capital.
    • Venta de activos esenciales.
    • Endeudamiento significativo.
    • Cambios en la política de dividendos o retribuciones.

    Estas decisiones, si se adoptan sin su consentimiento, podrían perjudicar gravemente sus intereses. El veto actúa como un freno institucional frente a decisiones unilaterales.

    Herramientas avanzadas para blindar derechos

    SPVs y sindicación: más poder, mejor coordinación

    Cuando varios inversores minoritarios comparten objetivos, pueden crear un vehículo de propósito especial (SPV) o firmar un acuerdo de sindicación de voto. Estas figuras les permiten actuar como bloque frente a la mayoría, simplifican la toma de decisiones y fortalecen su capacidad de negociación en juntas o rondas de financiación.

    Además, permiten reducir la complejidad jurídica y contable en operaciones de entrada de capital, siendo muy utilizadas por fondos de inversión y redes de business angels.

    Cláusulas de no competencia, permanencia y exclusividad

    Aunque habitualmente se asocian a fundadores o socios ejecutivos, las cláusulas de no competencia y exclusividad también pueden proteger a los minoritarios si se pactan obligaciones recíprocas. Por ejemplo, garantizar que los socios mayoritarios no desarrollen negocios paralelos o utilicen recursos de la sociedad en beneficio propio.

    Asimismo, las cláusulas de permanencia (lock-up) aseguran la estabilidad accionarial durante un período mínimo, evitando salidas precipitadas que perjudiquen el valor de la compañía.

    Jurisprudencia y validez legal en España

    Aunque los pactos de socios no se inscriben en el Registro Mercantil y no tienen efectos frente a terceros, tienen plena validez legal entre las partes firmantes. Así lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo (STS 6 de marzo de 2009, entre otras). En caso de incumplimiento, el socio afectado puede exigir indemnización por daños y perjuicios.

    Para reforzar su eficacia, especialmente en aspectos como tag along, drag along o derechos de veto, se recomienda elevar ciertas cláusulas al nivel estatutario mediante su inclusión en los estatutos sociales. De este modo, se garantiza su cumplimiento también en el ámbito societario y no solo contractual.

    Conclusión: previsión y equilibrio, claves del buen gobierno

    En cualquier sociedad mercantil, pero especialmente en aquellas con vocación de crecimiento, diversidad accionarial o dependencia de inversión externa, la protección de los socios minoritarios es una cuestión estratégica.

    Un pacto de socios bien diseñado no solo previene conflictos: consolida relaciones, atrae inversión, aporta seguridad jurídica y establece un marco de colaboración sostenible. Cláusulas como el tag along, la anti-dilución o los derechos de información no son caprichos contractuales, sino mecanismos de gobernanza que aportan estabilidad a la compañía.

    En definitiva, proteger al socio minoritario es proteger la reputación y el futuro de la sociedad. Y hacerlo bien requiere planificación, experiencia y, sobre todo, visión a largo plazo.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Un pacto de socios debe registrarse en algún organismo oficial?
    No. El pacto de socios es un contrato privado entre las partes. No se registra en el Registro Mercantil, aunque puede elevarse a escritura pública ante notario para reforzar su seguridad jurídica.

    ¿Puede un socio minoritario bloquear decisiones societarias?
    Sí, si cuenta con un porcentaje suficiente o si ha pactado un derecho de veto en el pacto de socios. La LSC también permite bloquear decisiones que requieran mayoría cualificada (75 %) con una participación del 25 % o más.

    ¿Qué ocurre si no existe pacto de socios?
    Sin pacto, se aplicará únicamente lo dispuesto en la Ley y los estatutos. Esto puede dejar a los socios minoritarios sin protección frente a decisiones que afecten negativamente a sus intereses.

    ¿Se puede demandar a un socio por incumplir un pacto de socios?
    Sí. El pacto tiene validez contractual, y su incumplimiento puede dar lugar a una demanda por daños y perjuicios e incluso a medidas cautelares si se acredita un perjuicio inminente.

  • Usar tu huella digital para fichar en el trabajo también es tratar datos biométricos, según la AEPD

    Usar tu huella digital para fichar en el trabajo también es tratar datos biométricos, según la AEPD

    La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha aclarado en su resolución PS-00432/2023 que el uso de sistemas de control horario basados en huella dactilar, incluso cuando no almacenan la imagen de la huella, sí implica un tratamiento de datos biométricos sensibles conforme al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

    El caso resuelto por la AEPD —consultable en su web oficial— abordaba una denuncia contra una empresa que exigía el fichaje mediante huella digital. Aunque la empresa alegaba que no se almacenaba la imagen real de la huella, sino una «representación matemática», el organismo ha sido contundente: si esa representación permite verificar la identidad del trabajador, se considera un dato personal biométrico.

    Qué es la correspondencia biométrica

    La clave está en el concepto de correspondencia biométrica. Este mecanismo permite que el sistema compare una nueva muestra de la huella con una plantilla previamente almacenada (ya sea un hash, un vector cifrado o un patrón matemático). Aunque no se pueda reconstruir la huella original, el sistema sigue siendo capaz de identificar de forma unívoca a la persona que intenta acceder o fichar.

    En términos legales, eso significa que se están procesando datos biométricos con fines de identificación, lo cual está expresamente regulado por el artículo 9 del RGPD como tratamiento de categorías especiales de datos personales.

    Obligaciones para las empresas

    Según esta resolución y otros criterios ya establecidos por la AEPD, cualquier empresa que quiera implantar un sistema de fichaje o control de accesos mediante biometría debe:

    1. Informar claramente a los usuarios del tipo de dato tratado, su finalidad y base legal.
    2. Justificar la necesidad y proporcionalidad del sistema: debe demostrarse que no existen alternativas menos intrusivas.
    3. Realizar una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD), conforme al artículo 35 del RGPD, por tratarse de datos especialmente protegidos.
    4. Ofrecer una alternativa no biométrica, como una tarjeta, código PIN o app móvil, especialmente si no existe una base jurídica sólida (como el consentimiento libre y específico).

    ¿Y si me niego a usar la huella?

    El consentimiento, tal como recuerda la AEPD, no puede considerarse válido si no existe una alternativa real y sin consecuencias negativas. Obligar a un empleado a usar su huella sin opción válida de rechazarlo podría implicar una infracción del RGPD.

    En el caso concreto analizado en la resolución PS-00432/2023, la empresa fue apercibida por no haber realizado una evaluación de impacto y por no ofrecer alternativa al sistema biométrico. La resolución enfatiza que la tecnología debe respetar siempre los derechos fundamentales, y que la comodidad o eficiencia operativa no justifican automáticamente el tratamiento de datos sensibles.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Sigue siendo un dato biométrico si no se guarda la imagen de la huella?
    Sí. Si el sistema guarda una plantilla que permite verificar tu identidad al volver a colocar el dedo, se trata de correspondencia biométrica, y por tanto de un dato personal sensible según el RGPD.

    ¿Puede obligarme mi empresa a fichar con huella digital?
    No sin una justificación clara de necesidad y sin ofrecerte una alternativa no biométrica válida. Además, debe realizarse una evaluación de impacto.

    ¿Qué es una evaluación de impacto (EIPD)?
    Es un análisis que debe hacer la empresa para identificar y mitigar los riesgos del tratamiento de datos personales sensibles, como los biométricos.

    ¿Qué alternativas existen al fichaje biométrico?
    Sistemas con tarjeta RFID, códigos PIN, apps móviles o software con doble verificación pueden ser opciones menos intrusivas y legales si se configuran adecuadamente.

  • La responsabilidad de los administradores societarios en España

    La responsabilidad de los administradores societarios en España

    La figura del administrador dentro de las sociedades mercantiles españolas desempeña un papel esencial, no solo desde el punto de vista estratégico y operativo, sino también jurídico. Quienes aceptan este cargo asumen un conjunto de obligaciones que trascienden la gestión empresarial cotidiana y que pueden tener consecuencias relevantes en caso de incumplimiento.

    Deberes de diligencia y lealtad

    Todo administrador debe actuar con la diligencia de un “ordenado empresario” y con la lealtad exigible a quien representa los intereses sociales. Esto se traduce en un seguimiento activo de la situación financiera y operativa de la empresa, el cumplimiento de las obligaciones contables y fiscales, y la supervisión del día a día corporativo. No basta con delegar funciones: la omisión de controles básicos puede derivar en sanciones e incluso responsabilidades personales.

    La lealtad, por su parte, implica actuar en interés de la sociedad y evitar conflictos personales que puedan perjudicarla. Por ejemplo, aprovechar oportunidades de negocio que corresponden a la empresa para beneficio propio o aprobar contratos con partes vinculadas sin transparencia puede generar responsabilidades relevantes.

    Responsabilidad civil ante socios y terceros

    Cuando un administrador incumple estos deberes, puede incurrir en responsabilidad civil. La Ley de Sociedades de Capital contempla acciones tanto por parte de la propia sociedad como por parte de terceros afectados. Los socios pueden reclamar daños si acreditan que la conducta del administrador ha causado un perjuicio al patrimonio social, como en el caso de aprobar cuentas falseadas o incumplir la obligación de convocar la junta general.

    En determinados supuestos, especialmente si se ha actuado con negligencia grave o dolo, los acreedores pueden incluso reclamar que el administrador asuma personalmente las deudas sociales. Esta posibilidad, conocida como “responsabilidad solidaria”, cobra especial relevancia cuando se realizan operaciones sabiendo que la sociedad es insolvente.

    Posible responsabilidad penal

    Además de la vía civil, existe un régimen de responsabilidad penal para los administradores. El ordenamiento jurídico contempla varios delitos vinculados a la gestión societaria, como la administración desleal, el falseamiento de cuentas, los delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, y, en los casos más graves, el blanqueo de capitales o la corrupción.

    En estos supuestos, las consecuencias pueden ser muy severas: desde multas cuantiosas hasta penas privativas de libertad y la inhabilitación para ejercer cargos de administración o representación mercantil.

    Medidas preventivas y protección del administrador

    Ante esta exposición, muchas sociedades optan por establecer mecanismos de prevención y control. El diseño de códigos de buen gobierno corporativo, la creación de comités de auditoría interna y la implantación de políticas de cumplimiento normativo ayudan a identificar y mitigar riesgos. Además, se extiende el uso de seguros de responsabilidad civil para administradores y directivos (conocidos como pólizas D&O), que permiten afrontar costes de defensa jurídica y, en ciertos casos, las indemnizaciones derivadas de procedimientos judiciales.

    Formación y actualización constante

    Otra herramienta clave es la formación continua. Estar al día de las novedades legislativas —como reformas en la Ley de Sociedades de Capital, cambios en la normativa fiscal o nuevas obligaciones en materia de protección de datos— reduce significativamente la probabilidad de incurrir en incumplimientos. En muchos casos, los errores no provienen de la mala fe, sino del desconocimiento o la omisión de trámites sencillos pero relevantes.

    Un cargo con implicaciones profundas

    Es importante entender que no todas las infracciones conllevan las mismas consecuencias. Un retraso en el depósito de cuentas puede ser sancionado administrativamente, pero ocultar de forma deliberada información financiera puede derivar en consecuencias penales. Por ello, el ejercicio responsable de la administración no solo protege a la sociedad, sino también al propio administrador, quien de otro modo podría ver comprometido su patrimonio personal y su reputación profesional.

    En definitiva, la responsabilidad de los administradores societarios en España implica un compromiso amplio y constante. La combinación de obligaciones técnicas, exigencias éticas y posibles consecuencias civiles y penales exige una gestión prudente, transparente y profesional. Contar con asesoramiento adecuado, adoptar prácticas de buen gobierno y evaluar mecanismos de cobertura jurídica son pasos esenciales para ejercer este cargo con las garantías que exige la ley y la confianza del entorno empresarial.

    Preguntas frecuentes (FAQ)

    ¿Qué obligaciones tiene un administrador frente a los socios?
    Debe actuar con diligencia y lealtad, garantizando la transparencia, la correcta gestión y el respeto al interés social. Responde por los daños causados por sus decisiones si incumple estos deberes.

    ¿Puede un administrador responder con su patrimonio personal?
    Sí. En determinados supuestos, como negligencia grave o gestión temeraria, puede responder personalmente frente a la sociedad, a los socios o a terceros.

    ¿Qué cubre un seguro de responsabilidad civil para administradores (D&O)?
    Cubre los gastos legales de defensa y, en algunos casos, las indemnizaciones por responsabilidad civil derivadas del ejercicio del cargo, siempre que no exista dolo o conducta delictiva.

    ¿Qué delitos puede cometer un administrador en el ejercicio de su cargo?
    Los más frecuentes son administración desleal, falseamiento contable, delitos fiscales y de Seguridad Social, corrupción y blanqueo de capitales.

  • El 65% de los pequeños empresarios solicita días de cortesía en agosto para poder tomarse vacaciones

    El 65% de los pequeños empresarios solicita días de cortesía en agosto para poder tomarse vacaciones

    Durante el verano, cuando gran parte del país se toma un descanso, las obligaciones fiscales y los trámites administrativos pueden resultar especialmente pesados. En este contexto, los días de cortesía ofrecidos por la Agencia Tributaria se convierten en una opción muy valorada por los autónomos y pequeños empresarios.

    Según datos de Legálitas Negocios, el 65,74% de los autónomos y pymes optan por acogerse a este recurso, tal como muestra un análisis basado en las solicitudes de su base de clientes. Agosto es el mes preferido para pedir estos días, ya que permite bloquear ciertas fechas en el calendario y evitar recibir notificaciones electrónicas de Hacienda durante ese período.

    ¿En qué consisten los días de cortesía?

    Se trata de un derecho reconocido por la Agencia Tributaria para autónomos, profesionales y empresas que están dados de alta en su sistema de notificaciones electrónicas. Permite seleccionar hasta 30 días naturales al año en los que no se recibirá ninguna comunicación oficial, como notificaciones fiscales o requerimientos. Esta opción también está disponible para personas jurídicas inscritas en el sistema de Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú).

    Los días pueden ser no consecutivos y deben solicitarse al menos con una semana de antelación. Durante esas fechas, Hacienda no enviará notificaciones a través del buzón electrónico, y aunque los procedimientos no se detienen, los plazos para responder no comienzan a contar hasta el primer día hábil posterior al periodo bloqueado. De esta forma, se evita que el contribuyente pierda plazos importantes mientras está de vacaciones o desconectado.

    ¿Cómo se pueden solicitar?

    La solicitud se realiza desde la sede electrónica de la Agencia Tributaria, accediendo a través de la opción «Mis notificaciones» o buscando directamente “días de cortesía”. Es necesario identificarse con un certificado digital, DNI electrónico, clave PIN o clave permanente. Una vez dentro, solo hay que seleccionar los días deseados en el calendario. Eso sí, una vez elegidos no se pueden modificar, por lo que es fundamental asegurarse antes de confirmar.

    En caso de que un asesor o representante autorizado, como los de Legálitas Negocios, gestione las notificaciones fiscales del contribuyente, también podrán hacer la solicitud en su nombre, siempre que estén debidamente registrados como representantes ante Hacienda.

    Beneficios de los días de cortesía

    Esta herramienta gratuita y poco conocida es de gran utilidad para evitar preocupaciones fiscales durante las vacaciones o en momentos críticos del año. Permite al profesional o empresario planificar su descanso con mayor tranquilidad, sin riesgo de perder plazos importantes ni comprometer sus obligaciones fiscales. Además, no genera consecuencias negativas en el cumplimiento tributario.

  • Marco jurídico de la cesión de imágenes a sistemas de IA: análisis de riesgos y protección legal

    Marco jurídico de la cesión de imágenes a sistemas de IA: análisis de riesgos y protección legal

    El uso no consentido de fotografías personales para entrenar algoritmos de inteligencia artificial plantea desafíos inéditos al derecho a la propia imagen y la protección de datos personales

    Introducción: un vacío legal en expansión

    La proliferación de sistemas de inteligencia artificial que utilizan imágenes personales como datos de entrenamiento ha creado un escenario jurídico complejo donde convergen múltiples áreas del derecho: protección de datos, propiedad intelectual, derechos de la personalidad y derecho contractual. La legislación actual, diseñada para un contexto pre-digital, se muestra insuficiente para abordar las particularidades de esta nueva realidad tecnológica.

    El presente análisis examina el marco legal aplicable, identifica las lagunas normativas existentes y proporciona orientación práctica para profesionales del derecho que enfrenten casos relacionados con el uso no autorizado de imágenes en sistemas de IA.

    Marco normativo aplicable

    Derecho fundamental a la propia imagen

    La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen establece en su artículo 7.5 que constituye intromisión ilegítima «la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos».

    El artículo 7.7 de la misma norma considera intromisión ilegítima «la utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga». Esta disposición adquiere especial relevancia cuando las imágenes se utilizan para entrenar modelos comerciales de IA.

    Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

    El Reglamento (UE) 2016/679 considera las imágenes como datos personales cuando permiten la identificación de personas físicas. El artículo 9 clasifica los datos biométricos destinados a identificar de manera unívoca a una persona física como categoría especial de datos, sometidos a protección reforzada.

    Artículo 6 RGPD – Licitud del tratamiento:

    • Consentimiento del interesado (apartado a)
    • Intereses legítimos del responsable (apartado f)

    Artículo 21 RGPD – Derecho de oposición: El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de tratamiento basado en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f).

    Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

    La Ley 34/2002, de 11 de julio, en su artículo 22, exige consentimiento previo e informado para el envío de comunicaciones comerciales, principio extensible por analogía al uso de datos para entrenamiento de IA con fines comerciales.

    Análisis jurisprudencial y doctrinario

    Evolución del concepto de «uso comercial»

    La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha interpretado extensivamente el concepto de «uso comercial» del artículo 7.7 LOPDH. En la STS 1187/2010, se estableció que no es necesario un lucro directo, siendo suficiente que la utilización forme parte de una actividad económica.

    Esta doctrina resulta directamente aplicable a los sistemas de IA, donde las imágenes personales se utilizan para desarrollar productos comerciales, independientemente de si existe una monetización directa inmediata.

    La problemática del consentimiento informado

    El consentimiento debe ser específico, informado, libre e inequívoco según el artículo 7 RGPD. Sin embargo, las cláusulas contractuales de las plataformas digitales frecuentemente:

    1. Utilizan lenguaje técnico incomprensible para el usuario medio
    2. Agrupan múltiples finalidades en una sola autorización genérica
    3. Modifican unilateralmente los términos sin notificación efectiva
    4. Condicionan el servicio a la aceptación integral de términos abusivos

    Derechos de autor en imágenes generadas por IA

    La normativa de propiedad intelectual presenta importantes lagunas:

    Real Decreto Legislativo 1/1996 (Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual):

    • Artículo 5: Solo reconoce autoría a personas físicas
    • Las imágenes generadas por IA carecen de protección autónoma
    • Persiste la protección de la obra original utilizada para entrenamiento

    Riesgos jurídicos identificados

    Para los usuarios/titulares de imágenes

    1. Pérdida irreversible de control: Una vez procesadas las imágenes, su eliminación completa resulta técnicamente imposible
    2. Uso derivado no consentido: Generación de contenido que reproduce características faciales sin autorización
    3. Suplantación de identidad: Creación de deepfakes con potencial uso fraudulento
    4. Vulneración de la intimidad: Inferencias algorítmicas sobre características personales no reveladas conscientemente

    Para las empresas desarrolladoras

    1. Reclamaciones por derechos de imagen: Demandas individuales y colectivas por uso no autorizado
    2. Sanciones RGPD: Multas de hasta el 4% del volumen de negocio anual
    3. Responsabilidad por daños: Responsabilidad civil por perjuicios causados por contenido generado
    4. Nulidad contractual: Invalidación de cláusulas abusivas por falta de transparencia

    Casos paradigmáticos y precedentes

    Meta Platforms: el test europeo

    Desde mayo de 2025, Meta comenzó a utilizar contenido público de usuarios europeos para entrenar IA, basándose en «intereses legítimos» como base jurídica. La implementación de formularios de oposición responde a la presión regulatoria del RGPD, estableciendo un precedente sobre:

    • Interpretación restrictiva del consentimiento tácito
    • Obligación de transparencia en el uso de datos para IA
    • Efectividad del derecho de oposición como salvaguarda mínima

    Adobe Stock: el problema de la cadena de licencias

    El caso Adobe ilustra la complejidad de la cadena de derechos cuando se utilizan imágenes generadas por IA de terceros para entrenar nuevos modelos. Plantea cuestiones sobre:

    • Transmisibilidad de licencias de contenido generado por IA
    • Responsabilidad por infracción indirecta de derechos de terceros
    • Diligencia debida en la verificación del origen de contenidos

    Estrategias de protección jurídica

    Para particulares

    1. Auditoría de presencia digital:
      • Revisión sistemática de términos de servicio aceptados
      • Ejercicio proactivo de derechos de oposición donde esté disponible
      • Configuración restrictiva de privacidad en plataformas
    2. Estrategias contractuales:
      • Negociación de cláusulas específicas en contratos profesionales
      • Inclusión de limitaciones de uso en licencias de imagen
      • Reserva expresa de derechos no cedidos
    3. Acciones legales:
      • Tutela inhibitoria: Solicitud de cesación de uso no autorizado
      • Indemnización de daños: Reclamación por perjuicios patrimoniales y morales
      • Rectificación de datos: Ejercicio de derechos RGPD

    Para empresas del sector tecnológico

    1. Compliance preventivo:
      • Implementación de sistemas de consentimiento granular
      • Desarrollo de protocolos de verificación de licencias
      • Auditorías periódicas de bases de datos de entrenamiento
    2. Arquitectura jurídica defensiva:
      • Cláusulas de limitación de responsabilidad específicas para IA
      • Seguros de responsabilidad civil profesional especializados
      • Protocolos de respuesta a reclamaciones por derechos de imagen

    Desarrollos legislativos prospectivos

    Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act)

    El Reglamento (UE) 2024/1689 introduce obligaciones específicas para sistemas de IA de alto riesgo, incluyendo:

    • Transparencia obligatoria sobre datos de entrenamiento
    • Evaluación de impacto en derechos fundamentales
    • Supervisión humana en sistemas automatizados de toma de decisiones

    Iniciativas legislativas nacionales

    Proyecto de Ley de regulación de la IA en España:

    • Creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA
    • Obligaciones de etiquetado de contenido generado por IA
    • Refuerzo de los derechos de oposición en tratamientos automatizados

    Recomendaciones prácticas para el ejercicio profesional

    Asesoramiento preventivo

    1. Cláusulas modelo para contratos que involucren cesión de derechos de imagen
    2. Protocolos de due diligence para verificación de licencias en contenido de IA
    3. Auditorías de cumplimiento RGPD específicas para tratamientos de IA

    Estrategia procesal

    1. Acumulación de acciones: Combinación de reclamaciones civiles y administrativas
    2. Medidas cautelares: Solicitud de cesación inmediata de uso no autorizado
    3. Prueba técnica: Utilización de peritajes especializados en sistemas de IA

    Valoración del daño

    Criterios para cuantificación de daños:

    • Uso comercial efectivo del contenido generado
    • Alcance de la difusión del material derivado
    • Daño reputacional por asociación no consentida
    • Lucro cesante por pérdida de control sobre la propia imagen

    Perspectiva comparada internacional

    Estados Unidos: el paradigma del «fair use»

    La doctrina del fair use proporciona mayor flexibilidad para usos transformativos, pero enfrenta desafíos en casos de uso comercial masivo de imágenes personales. Los tribunales federales han comenzado a establecer límites cuando el uso afecta mercados potenciales del titular original.

    Reino Unido: evolución post-Brexit

    La UK Data Protection Act 2018 mantiene estándares similares al RGPD, pero desarrolla interpretaciones propias sobre «intereses legítimos» en contextos de IA, tendiendo hacia mayor permisividad para la innovación tecnológica.

    Conclusiones y perspectivas futuras

    El uso de imágenes personales para entrenar sistemas de IA representa uno de los desafíos más complejos del derecho digital contemporáneo. La intersección entre derechos de la personalidad, protección de datos y propiedad intelectual requiere un enfoque multidisciplinario que tenga en cuenta tanto los desarrollos tecnológicos como la evolución jurisprudencial.

    Tendencias identificadas:

    1. Endurecimiento regulatorio: Mayor exigencia de consentimiento específico y transparencia
    2. Evolución jurisprudencial: Interpretación extensiva de los derechos de imagen en contextos digitales
    3. Nuevos modelos de negocio: Desarrollo de sistemas de compensación por uso de datos personales

    La práctica jurídica debe adaptarse a esta nueva realidad, desarrollando herramientas conceptuales y estrategias procesales específicas para un ámbito en constante evolución tecnológica y normativa.

    Recomendación final: Los profesionales del derecho deben mantenerse actualizados sobre los desarrollos tecnológicos en IA para proporcionar asesoramiento efectivo en un área donde la innovación tecnológica precede sistemáticamente a la regulación jurídica.

    Para consultas especializadas en derecho digital y protección de datos en contextos de inteligencia artificial, se recomienda la colaboración interdisciplinaria con expertos en tecnología y la formación continua en desarrollos normativos europeos y comparados.

    vía: Noticias inteligencia artificial

  • El 80% de los abogados ya utiliza inteligencia artificial, y casi la mitad lo hace a diario

    El 80% de los abogados ya utiliza inteligencia artificial, y casi la mitad lo hace a diario

    La inteligencia artificial (IA) se consolida como una herramienta clave en el sector legal. Según datos recientes de la European Legal Tech Association (ELTA), ocho de cada diez abogados ya emplean IA de forma habitual, y casi el 50% la utiliza a diario para optimizar la preparación de sus casos, mejorar la argumentación jurídica y agilizar tareas administrativas.

    Uno de los casos más representativos es el del abogado Álvaro Castizo, especialista en derecho de familia y menores, quien ha integrado la herramienta Maite.ai como parte fundamental de su rutina. “Subí toda la documentación del caso, generé los interrogatorios y obtuve una estructura argumental impecable. Era como contar con un asistente jurídico permanente”, señala.

    Gracias a la claridad estratégica que obtuvo con la ayuda de la IA, Castizo logró cerrar el caso antes de que se celebrara la vista oral. “La negociación fue rápida porque tenía todos los escenarios previstos. Sabía exactamente dónde ceder y dónde insistir”, explica.

    Una tecnología que transforma la práctica jurídica

    Lejos de ser una amenaza, los profesionales del derecho comienzan a ver la IA como un aliado que mejora la eficiencia y la competitividad, especialmente para despachos pequeños. “Antes tardaba horas en redactar un escrito; ahora lo tengo listo en minutos. Esto nos permite competir en igualdad de condiciones con firmas de gran tamaño”, afirma Castizo.

    La mayoría de los abogados que ya emplean estas herramientas coincide en que la IA mejora notablemente el rendimiento profesional. De hecho, en algunas audiencias, los jueces ya están viendo resultados tangibles. “Le mostré al juez el trabajo realizado con Maite.ai y quedó impresionado”, comenta.

    Una tendencia global con impacto tangible

    El fenómeno no es exclusivo de España. En Estados Unidos, un estudio conjunto de la Association of Corporate Counsel (ACC) y Everlaw señala que una de cada cuatro empresas ha logrado ahorros significativos en sus departamentos legales gracias al uso de IA generativa.

    Para Alejandro Castellano, CEO de Maite.ai, esto es solo el principio. “En menos de cinco años veremos a jueces utilizando inteligencia artificial en su día a día. No para sustituir su criterio, sino para fortalecer la calidad y solidez de sus decisiones”, sostiene.

    El futuro del derecho ya está aquí

    Lo que hace apenas unos años parecía ciencia ficción, hoy se está convirtiendo en una ventaja competitiva real. La abogacía está entrando en una nueva era, y aquellos profesionales que sepan adaptarse e integrar estas tecnologías podrán posicionarse a la vanguardia de un sector en plena transformación.

  • Los españoles reclaman sus derechos: trabajo, consumo y vivienda, las áreas donde más se lucha

    Los españoles reclaman sus derechos: trabajo, consumo y vivienda, las áreas donde más se lucha

    Un estudio de Legálitas revela que los ciudadanos se muestran cada vez menos conformistas ante situaciones injustas, especialmente en el ámbito laboral, el consumo y la vivienda.

    Los españoles no se resignan ante las injusticias. Así lo demuestra un análisis realizado por Legálitas a través de sus redes sociales, en el que más de 1.200 personas compartieron experiencias en las que decidieron defender sus derechos. Los resultados destacan tres grandes focos de inconformismo: el trabajo (18,2 %), el consumo (12,5 %) y la vivienda (7,4 %).

    La encuesta —basada en testimonios voluntarios— pone de manifiesto que cada vez más ciudadanos son conscientes de sus derechos y están dispuestos a ejercerlos cuando consideran que han sido vulnerados.

    Despidos improcedentes y acoso laboral, principales causas en el ámbito laboral

    Los conflictos en el trabajo encabezan la lista de reclamaciones. Un 18,21 % de los participantes relató haber sufrido situaciones como despidos improcedentes, acoso laboral o impagos de salarios y horas extra. Algunos testimonios relatan cómo llevaron sus casos a los tribunales y lograron resoluciones favorables, como el cobro de indemnizaciones o el reconocimiento de derechos laborales vulnerados.

    “Me suspendieron de empleo y sueldo estando embarazada de riesgo”, señala una participante. Otro añade: “Me despidieron de forma injusta y les denuncié. Gané el juicio y me pagaron el finiquito con un plus”.

    Reclamaciones frecuentes en consumo: productos defectuosos, comisiones y servicios

    El segundo foco de inconformismo se encuentra en el consumo, con un 12,52 % de los casos. Los ciudadanos denuncian desde productos defectuosos o retrasos en transportes hasta conflictos con bancos, compañías de suministros y aseguradoras.

    Problemas con la facturación, comisiones bancarias indebidas, fallos en hipotecas o cobros de servicios no contratados son ejemplos frecuentes.

    “Quisieron cobrarme comisiones que no me correspondían al firmar la hipoteca” o “Me cambié de compañía eléctrica, pero me seguían facturando un seguro de mantenimiento”, son algunas de las quejas recogidas.

    Vivienda: el tercer gran motivo para no conformarse

    La vivienda representa el 7,48 % de las reclamaciones analizadas. Los conflictos más habituales son la falta de mantenimiento por parte del casero, la entrada sin permiso en viviendas alquiladas o la negativa a devolver fianzas.

    “La casera entraba a mi piso sin avisar cuando quería” o “El propietario no arreglaba averías básicas”, son algunos de los casos compartidos por los participantes.

    También se reclama en justicia, herencias, sanidad y medio ambiente

    Aunque en menor proporción, los ciudadanos también mostraron inconformismo en otros ámbitos:

    • Justicia (5,53 %): quejas por la complejidad del sistema, falta de acceso a recursos legales o demoras judiciales.
    • Herencias (3,25 %): disputas familiares o reparto irregular de bienes.
    • Administración pública (2,89 %): procesos burocráticos interminables o falta de respuesta efectiva.
    • Sanidad (2,52 %): críticas por listas de espera y atención deficiente.
    • Seguridad (2,47 %): especialmente en lo personal y en protección de bienes.
    • Medio ambiente (1,89 %): creciente preocupación por la sostenibilidad y el impacto de la actividad humana.

    Llamamiento al inconformismo

    A pesar de los datos positivos, un estudio complementario de Legálitas revela que un 42 % de los ciudadanos no defiende sus derechos por pereza, un 35 % por desconocimiento y un 23 % por desconfianza en el sistema. Este comportamiento provoca, según la firma legal, “una pérdida constante de poder adquisitivo en miles de familias españolas”.

    Por ello, desde Legálitas insisten en “fomentar el inconformismo como forma de proteger los derechos individuales y colectivos”, recordando que el acceso a asesoramiento legal puede marcar la diferencia en muchas de estas situaciones.

  • El trabajo híbrido mejora la salud y reduce las bajas laborales, según un nuevo estudio de IWG

    El trabajo híbrido mejora la salud y reduce las bajas laborales, según un nuevo estudio de IWG

    El 36 % de los empleados en modelo híbrido se ausenta menos por enfermedad y el 70 % experimenta menos síntomas de estrés

    El modelo de trabajo híbrido continúa ganando terreno no solo como una forma flexible de organización laboral, sino también como una herramienta clave para mejorar la salud y el bienestar de los empleados. Así lo confirma un nuevo estudio del International Workplace Group (IWG), que revela que el 36 % de los trabajadores híbridos ha reducido sus bajas laborales gracias a una mejor gestión del estrés y una mayor calidad de vida.

    Los datos, obtenidos tras encuestar a más de 2.000 profesionales que trabajan bajo este modelo, apuntan a beneficios tangibles tanto para la salud mental como física de los empleados. El 70 % afirma sufrir menos problemas de salud relacionados con el estrés, y un 80 % reconoce haber alcanzado un mejor equilibrio entre su vida profesional y personal, lo que ha contribuido a reducir la ansiedad generalizada.

    Además, el informe señala que el 74 % de los empleados híbridos dedica tiempo a cuidados preventivos de salud, como revisiones médicas y controles periódicos, y que el 72 % gestiona mejor condiciones médicas preexistentes. Esto es posible gracias a la flexibilidad que ofrece el trabajo híbrido, permitiendo reorganizar horarios sin necesidad de recurrir a ausencias laborales prolongadas.

    Uno de los factores determinantes en esta mejora del bienestar es la eliminación de los desplazamientos diarios, fuente habitual de estrés y fatiga. Gracias a esta reducción, los empleados reportan menos síntomas físicos como dolores musculares, cefaleas o problemas digestivos. En total, siete de cada diez trabajadores en modelo híbrido afirman haber mejorado en estos aspectos.

    El estudio también destaca el impacto positivo del modelo híbrido en la productividad empresarial. El 75 % de los CEOs consultados considera que sus equipos trabajan de forma más eficiente bajo este sistema, mientras que el 77 % observa un mayor nivel de compromiso por parte de los empleados.

    IWG, empresa líder mundial en soluciones de espacios de trabajo flexibles, ha respondido al aumento de la demanda con la apertura de 899 nuevas ubicaciones a nivel global en 2024, a través de sus marcas como Regus y Spaces.

    El informe subraya que el trabajo híbrido no solo representa una tendencia en auge, sino una respuesta efectiva a los retos contemporáneos de salud, conciliación y rendimiento laboral. Al reducir el estrés, fomentar hábitos saludables y permitir una mayor autonomía, se posiciona como una opción estratégica tanto para trabajadores como para empresas que buscan entornos laborales más sostenibles y eficaces.

    Con una red que abarca cerca de 4.000 ubicaciones en más de 120 países, IWG continúa liderando la transformación del mundo del trabajo, apostando por un modelo que combina flexibilidad, bienestar y rendimiento.