El próximo 31 de diciembre de 2024 finaliza la moratoria contable que permitía a las empresas no considerar las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 para determinar la concurrencia de la causa legal de disolución. A partir del 1 de enero de 2025, estas pérdidas deberán sumarse a las correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, lo que podría situar a muchas sociedades en una situación de desequilibrio patrimonial.
La medida, adoptada durante la pandemia para evitar la desaparición de empresas viables, termina con el cierre del ejercicio 2024. Por ello, es esencial que los administradores revisen sus cuentas y actúen con diligencia para evitar responsabilidades legales.
Marco legal: causa de disolución por pérdidas
La Ley de Sociedades de Capital (LSC), en su artículo 363.1, establece que una sociedad debe entrar en causa de disolución cuando las pérdidas acumuladas dejen reducido el patrimonio neto a un valor inferior a la mitad del capital social, salvo que se adopten medidas correctivas, como:
- Aumento o reducción del capital social.
- Recuperación del equilibrio mediante la obtención de financiación o la entrada de nuevos inversores.
- Solicitud de declaración de concurso de acreedores si no hay otra solución viable.
Obligaciones de los administradores
En caso de concurrir causa de disolución, los administradores tienen la obligación de:
- Convocar la junta general de socios en un plazo de dos meses desde que se detecta la causa.
- Proponer las medidas necesarias para restablecer la situación patrimonial o, en su defecto, disolver la sociedad.
De no cumplir con esta obligación, los administradores podrían incurrir en responsabilidad solidaria frente a las deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución (artículo 367 LSC).
Fin de la moratoria: un cambio significativo
La moratoria contable, aprobada inicialmente en 2020 como respuesta a la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19, permitió no computar las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 a efectos de determinar la causa de disolución. Esta medida fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir de enero de 2025, las empresas deberán calcular su patrimonio neto incluyendo las pérdidas acumuladas desde 2020.
Por tanto, las empresas que han venido arrastrando números rojos deberán enfrentarse a una evaluación completa de su situación patrimonial.
Claves para los administradores en 2025
Ante el fin de la moratoria, es fundamental que los administradores actúen con diligencia para evitar incurrir en responsabilidades:
- Revisión de cuentas anuales: Al cierre del ejercicio 2024, es prioritario evaluar el patrimonio neto y su relación con el capital social.
- Análisis de soluciones: Convocar la junta general para proponer medidas como aumentos o reducciones de capital, búsqueda de financiación externa o una reestructuración de la sociedad.
- Prevención de responsabilidades: La inacción o el retraso en la adopción de medidas puede derivar en la responsabilidad solidaria de los administradores, respondiendo con su patrimonio personal por las deudas generadas a partir de la causa de disolución.
Posibles escenarios
- Empresas viables: Aquellas que puedan adoptar medidas correctivas, como ampliaciones de capital o la búsqueda de inversores, podrán evitar la causa de disolución y mantener su operatividad.
- Empresas en dificultades: Si la situación patrimonial no permite la recuperación, los administradores deberán actuar con rapidez para disolver la sociedad o solicitar la declaración de concurso de acreedores.
Conclusión
El 1 de enero de 2025 marca un cambio crítico para muchas sociedades, al tener que reintegrar las pérdidas de 2020 y 2021 al cálculo del patrimonio neto. Los administradores deben anticiparse al cierre del ejercicio 2024, revisar la situación financiera de la empresa y tomar las decisiones necesarias para evitar consecuencias legales y económicas.
La diligencia y la actuación proactiva serán claves para afrontar este nuevo escenario y evitar que la inacción derive en responsabilidades personales.
vía: Noticias financieras