Tras dos años de limitaciones legales para las subidas del alquiler, establecidas por el Gobierno como medida para amortiguar el impacto del aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará un nuevo índice regulador que marcará las revisiones de renta para 2025. Este cambio genera dudas tanto entre los inquilinos como entre los propietarios, quienes buscan claridad sobre el alcance y las implicaciones de esta nueva referencia.
El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite a los arrendadores revisar anualmente la renta, siempre que exista una cláusula expresa en el contrato y que la actualización se ajuste al índice oficial aplicable. Con el anuncio del nuevo índice, el Gobierno pretende sustituir al IPC como referencia para las subidas de alquiler, un cambio que promete mayor estabilidad tanto para los inquilinos como para los propietarios.
El fin de las limitaciones temporales y la llegada del nuevo índice
En 2023 y 2024, las subidas de alquiler fueron limitadas al 2% y al 3% respectivamente, como parte de las medidas excepcionales adoptadas tras la escalada inflacionaria derivada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, estas restricciones concluirán en 2024, y el nuevo índice regulador del INE será el único mecanismo para ajustar las rentas en 2025.
Mercedes Blanco, experta en gestión de fincas y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, destaca que el nuevo índice aún no ha sido revelado, pero anticipa que «será más estable y no supondrá un gran esfuerzo adicional para los inquilinos». Además, recuerda que las subidas de alquiler no tienen carácter retroactivo, por lo que cualquier incremento deberá aplicarse de manera prospectiva y acorde al índice publicado.
Implicaciones legales para propietarios e inquilinos
Desde el punto de vista legal, los propietarios solo podrán revisar la renta si el contrato contiene una cláusula específica que lo permita. En caso de que la revisión esté contemplada, el ajuste deberá efectuarse siguiendo los valores establecidos por el índice del INE, una vez sea publicado oficialmente.
Es importante destacar que este nuevo índice también podría generar cambios en la interpretación jurídica de los contratos en vigor. «Aún falta por definir si el índice será de aplicación general o solo afectará a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda», puntualiza Blanco. Este punto será clave para determinar si los contratos antiguos quedan vinculados al nuevo mecanismo de cálculo o si mantendrán referencias previas, como el IPC.
Qué esperar para 2025
Aunque todavía no se conoce el valor exacto del nuevo índice, se espera que represente una subida moderada en comparación con las referencias previas al límite del 3%. Según Blanco, «es importante que los propietarios informen a los inquilinos de cualquier ajuste de renta en los términos contractuales, utilizando provisionalmente el índice vigente, y regularicen el importe cuando el INE publique su nuevo valor».
En los últimos años, los tribunales han reiterado que cualquier subida debe ser comunicada formalmente al arrendatario, respetando los plazos estipulados en la ley y en el contrato. Además, cualquier incremento fuera de lo acordado podría ser objeto de impugnación por parte del inquilino.
Aspectos clave para abogados especializados en arrendamientos
- Revisión contractual: Es fundamental que los abogados revisen las cláusulas de los contratos de arrendamiento de sus clientes para determinar si contemplan la actualización de la renta y en qué términos.
- Comunicación formal: Asegúrese de que sus clientes, tanto propietarios como inquilinos, cumplan con los requisitos legales para comunicar o impugnar las subidas de alquiler.
- Aplicación del nuevo índice: Una vez que el INE publique el nuevo índice, los arrendadores deberán calcular los ajustes conforme a este y evitar cualquier interpretación que pudiera ser considerada abusiva o contraria a derecho.
- Resolución de disputas: En caso de conflicto, es esencial analizar si el nuevo índice afecta contratos vigentes o solo a aquellos firmados tras su entrada en vigor, ya que esto será un punto de debate clave en futuros litigios.
Hacia un marco más estable para los arrendamientos
La publicación del nuevo índice por parte del INE promete introducir mayor predictibilidad en el mercado del alquiler. Si bien el cambio supone una novedad regulatoria, también brinda una oportunidad para establecer un marco más equilibrado y sostenible en las relaciones entre arrendadores e inquilinos.
Para los abogados especializados en derecho inmobiliario, 2025 se perfila como un año de ajustes y clarificaciones legales en torno a este nuevo índice. Estar al tanto de las novedades legislativas y asesorar a sus clientes sobre las implicaciones de esta transición será esencial para garantizar el cumplimiento normativo y evitar conflictos derivados de interpretaciones erróneas.