VeriFactu y TicketBAI: Claves para entender las nuevas normativas fiscales en España

La digitalización fiscal sigue marcando el ritmo en España. Con la reciente aprobación de la Orden HAC/1177/2024, que desarrolla la normativa VeriFactu, y la implementación progresiva de TicketBAI en el País Vasco, empresas, autónomos y desarrolladores de software se enfrentan a un nuevo panorama en materia de control fiscal. Ambas normativas buscan combatir el fraude fiscal, pero presentan diferencias clave que vale la pena analizar.

VeriFactu: Una normativa de alcance nacional

VeriFactu es el sistema de control fiscal que aplicará en todo el territorio español, salvo en el País Vasco y Navarra, con ciertas particularidades para Canarias, Ceuta y Melilla. Diseñado para empresas y profesionales con una facturación inferior a 6 millones de euros anuales, este sistema coexistirá con el Suministro Inmediato de Información (SII), aplicable a empresas de mayor facturación.

Según establece la nueva normativa, los desarrolladores de software tienen hasta el 29 de julio de 2025 para adaptar sus soluciones, mientras que la fecha de obligatoriedad para los contribuyentes se espera para el primer semestre de 2026. Este marco permitirá enviar automáticamente las facturas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o almacenarlas firmadas digitalmente para su envío posterior, ofreciendo flexibilidad a los usuarios.

TicketBAI: Un modelo propio del País Vasco

En el País Vasco, el sistema TicketBAI ya es obligatorio en Álava y Guipúzcoa, mientras que Vizcaya lo implementará de forma completa en 2026 con el sistema BATUZ, que sustituirá al SII para todos los contribuyentes. TicketBAI obliga a todas las empresas y profesionales con residencia fiscal en el territorio a registrar cada operación mediante software certificado, enviando los datos a las haciendas forales correspondientes.

Aunque ambos sistemas requieren la generación de ficheros XML con firma digital y código QR, el formato y los procedimientos específicos varían. Por ejemplo, VeriFactu contempla dos modalidades de cumplimiento, mientras que TicketBAI opera con un único esquema.

Sanciones y plazos

Una de las diferencias más notables entre ambos sistemas radica en las sanciones. TicketBAI establece multas de hasta 2.000 euros por operación mal registrada, mientras que VeriFactu eleva las penalizaciones a 50.000 euros para los contribuyentes y hasta 150.000 euros por sistema y ejercicio para los desarrolladores de software que incumplan.

En cuanto a plazos, TicketBAI se ha desplegado de manera escalonada en las provincias vascas, mientras que VeriFactu otorga un margen de adaptación más amplio para los desarrolladores de software, aunque la obligatoriedad para los contribuyentes está aún por determinar.

Retos y oportunidades para las empresas

La implementación de estas normativas supone un desafío técnico y administrativo para las empresas, pero también una oportunidad para modernizar sus sistemas y garantizar el cumplimiento fiscal. Desde fiskaly, expertos en soluciones SaaS para la fiscalización y digitalización de recibos, destacan la importancia de herramientas como SIGN ES, que simplifican el cumplimiento sin necesidad de reemplazar el software existente.

“Las diferencias entre TicketBAI y VeriFactu aumentan la complejidad de cumplimiento, especialmente para las empresas que operan en varias regiones de España. Sin embargo, con soluciones tecnológicas adecuadas, este proceso puede convertirse en una ventaja competitiva al optimizar la gestión fiscal y reducir riesgos de incumplimiento,” comenta Isabel Nogales, directora de fiskaly en España.

Un futuro marcado por la digitalización fiscal

Con la entrada en vigor de VeriFactu y la consolidación de TicketBAI en el País Vasco, España avanza hacia un modelo fiscal más transparente y eficiente. Aunque el camino puede ser complejo, la colaboración entre empresas, desarrolladores de software y autoridades fiscales será clave para garantizar una transición fluida hacia este nuevo paradigma.

La digitalización fiscal no solo es una herramienta para combatir el fraude, sino también una oportunidad para modernizar la economía y mejorar la competitividad empresarial en un entorno cada vez más globalizado.

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