Seis meses después de la implementación de la nueva Ley Concursal, que refundió el texto de la regulación anterior, se han observado tanto luces como sombras en su efecto sobre el tejido empresarial. La ley busca crear mecanismos de actuación que permitan evitar que los empresarios lleguen a una situación en la que no les queda más opción que liquidar sus negocios. Sin embargo, la eficacia de estos mecanismos preconcursales está condicionada por factores como la falta de recursos en los juzgados, el trato privilegiado del crédito público y la mecánica de las mayorías.
Jorge Fernández, abogado y socio de Círculo Legal Barcelona, opina que la reforma de la Ley Concursal ayuda a «restar dramatismo al fracaso» y señala que «aún tendrá que pasar un tiempo hasta que en España se asimile que las crisis son parte de la trayectoria empresarial». Asegura que las crisis pueden proporcionar valiosas lecciones y abrir nuevas posibilidades de emprendimiento.
Los planes de reestructuración son un componente clave de la nueva Ley Concursal. Según Fernández, estos planes intentan remediar un problema común de las empresas: llegar tarde a las soluciones. Permiten que las empresas sigan operando con el apoyo de los acreedores, manteniendo el control de las decisiones y negociando en un ambiente de calma.
Sin embargo, Fernández añade que estos planes están siendo utilizados principalmente por empresas con una facturación significativa, mientras que las microempresas deben acudir a un sistema específico de continuidad más controlado, independientemente de si tienen margen para seguir operando o no.
En cuanto al mecanismo de segunda oportunidad, Fernández considera que es una excelente opción para aquellos que deseen emprender de nuevo sin la carga de deudas antiguas. Sin embargo, critica la limitación que impide la exoneración total del crédito público, que está restringida a solo 10.000 euros para la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), lo que puede hacer que este mecanismo sea inútil para muchos autónomos con grandes deudas a estos entes.
El abogado señala que la eficacia de la nueva Ley Concursal está amenazada por la falta de recursos suficientes en los juzgados. «Sin personal suficiente, la reforma caerá en saco roto», advierte Fernández.
Además, plantea otros problemas, como las cuotas demasiado cualificadas para aprobar los planes de reestructuración y la obligación de continuar con la actividad durante dos años al recurrir al prepack concursal. Según Fernández, esta última imposición no tiene sentido si la empresa ya no es viable.
En resumen, aunque la nueva Ley Concursal ofrece opciones prometedoras para los empresarios en crisis, aún existen desafíos significativos que deben abordarse para garantizar su efectividad.