La agenda de digitalización fiscal del Gobierno acaba de dar un giro relevante para el día a día de despachos, asesorías y departamentos fiscales. El Ministerio de Hacienda ha confirmado el aplazamiento de la entrada en vigor obligatoria del sistema Verifactu hasta el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos, fechas que suponen al menos un año más de margen sobre el calendario que se venía manejando.
Aunque muchos titulares hablan de “retraso de la facturación electrónica”, en realidad lo que se aplaza es uno de los pilares clave de ese nuevo ecosistema: el uso obligatorio de sistemas informáticos de facturación adaptados al Reglamento del Real Decreto 1007/2023, y en particular la modalidad Verifactu, que permite remitir los registros de facturación en tiempo (casi) real a la Agencia Tributaria.
Para los despachos profesionales, la noticia es un respiro… pero también un aviso: el modelo de control de facturación no se ha derogado, solo se ha desplazado en el tiempo.
Un nuevo calendario que reordena las prioridades
Según las informaciones publicadas, el nuevo calendario sitúa la obligatoriedad de uso de software de facturación adaptado a Verifactu en:
- 1 de enero de 2027: empresas y contribuyentes con mayor volumen de operaciones.
- 1 de julio de 2027: resto de obligados, principalmente autónomos y pequeños negocios.
Hasta ahora, el sector trabajaba con la referencia de 2025–2026 como horizonte efectivo para la implantación masiva, tras la aprobación del Real Decreto 1007/2023 y las primeras comunicaciones de la AEAT a pymes y autónomos sobre la necesidad de disponer de software de facturación homologado.
El ajuste de fechas responde oficialmente a la necesidad de:
- Dar más tiempo a empresas, pymes y autónomos para adaptar sus sistemas.
- Completar con garantías el desarrollo técnico y los estándares de certificación del software.
- Evitar un colapso operativo en sectores menos digitalizados, que estaban claramente “contra reloj”, como venía advirtiendo la asociación ATA y otras organizaciones.
Verifactu no es “solo” factura electrónica: precisión jurídica necesaria
Para un público jurídico y fiscal es especialmente relevante una distinción que a menudo se pierde en el debate mediático:
- La factura electrónica B2B está ligada sobre todo a la Ley 18/2022, conocida como Ley Crea y Crece, que generaliza el uso de factura electrónica en las relaciones entre empresas y autónomos, pero cuyo despliegue reglamentario sigue pendiente de concreción definitiva.
- Verifactu, en cambio, es una modalidad dentro de los Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) regulados por el Real Decreto 1007/2023 y la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal. No es, técnicamente, una factura electrónica, sino un sistema de control que genera registros inalterables, con firma y huella digital, y que puede remitir esos datos a la AEAT casi en tiempo real.
La prórroga anunciada afecta a este segundo bloque: la obligación de que los contribuyentes emitan sus facturas a través de software certificado conforme al esquema Verifactu, con todo lo que eso implica en términos de trazabilidad, integridad y supervisión tributaria.
Para despachos y asesorías, esta precisión no es un matiz menor: implica que la conversación con los clientes debe diferenciar entre “cómo se emiten las facturas” (formato) y “cómo se controlan y registran” (sistema de facturación y reporting), porque los plazos y las obligaciones no son exactamente los mismos.
Un respiro para pymes y autónomos… y una ventana estratégica para los despachos
Las organizaciones empresariales llevaban meses alertando de que el calendario era difícilmente asumible para buena parte del tejido productivo. ATA, por ejemplo, reclamaba explícitamente un aplazamiento de Verifactu para dar margen a autónomos y pequeños negocios a actualizar sus herramientas y procesos.
El retraso hasta 2027, por tanto, puede leerse como:
- Un alivio inmediato para clientes con menos capacidad técnica y financiera.
- Una segunda oportunidad para que despachos y asesorías reorganicen sus proyectos de adaptación, esta vez con un plan más realista.
Para los profesionales del derecho tributario y la asesoría fiscal se abre un escenario claro de trabajo en tres fases:
- 2025: fase de diagnóstico serio.
- Mapa de clientes según tamaño, volumen de facturación y grado de digitalización.
- Revisión de contratos de servicios para incluir explícitamente proyectos de adaptación a SIF/Verifactu.
- 2026: pilotos y transición ordenada.
- Implantar Verifactu (o al menos SIF compatibles) en una muestra significativa de la cartera.
- Documentar incidencias, impactos sobre los circuitos internos y costes reales.
- 2027: despliegue masivo, con menos improvisación.
- Llegar a la fecha de obligatoriedad con procesos ya probados.
- Convertir el cumplimiento en un servicio recurrente, no en una urgencia de última hora.
Quien aproveche este margen para reposicionarse como “socio de digitalización fiscal” saldrá reforzado cuando el sistema sea finalmente ineludible. Quien se limite a celebrar el aplazamiento como si fuera una marcha atrás, probablemente se encuentre en 2027 con el mismo problema… pero con menos tiempo.
¿Aplazamiento técnico o aviso de una posible moratoria más larga?
Más allá de las explicaciones oficiales, en el sector se interpreta el movimiento también en clave política. Distintos medios han señalado que el retraso forma parte de compromisos adquiridos con Junts, canalizados a través de un Decreto Ley que incluye una “ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas”.
Para los despachos, la lectura de fondo es doble:
- Por un lado, se confirma que la Administración es consciente del impacto real de exigir, en plazos muy breves, un nivel de control digital que muchas pymes y autónomos no están en condiciones de asumir sin ayuda intensiva.
- Por otro, muchos profesionales temen que estemos ante un aviso a navegantes: si la implantación genera demasiada fricción, no se descarta un nuevo aplazamiento o una reformulación del modelo, especialmente si el coste burocrático se percibe como una amenaza para el tejido empresarial.
Es un escenario que los despachos deberían tener en cuenta tanto en su planificación interna como en la comunicación con clientes: ofrecer seguridad jurídica sin prometer fechas inamovibles.
¿Y qué tiene que ver todo esto con las balizas V16 conectadas?
El retraso de Verifactu ha reavivado otro debate regulatorio: el de las balizas V16 conectadas, obligatorias para sustituir a los triángulos de emergencia a partir del 1 de enero de 2026, según el calendario vigente de la DGT.
En algunos foros profesionales se especula con que, si el Gobierno ha decidido aliviar presiones en materia de facturación electrónica, podría hacer lo mismo con otros proyectos tecnológicos muy exigentes para el ciudadano medio, como estas balizas conectadas. De momento, no existe anuncio oficial de cambio de fechas, pero el paralelismo ilustra una tendencia: las grandes reformas tecnológicas con fuerte impacto en millones de usuarios están encontrando más resistencia de la esperada.
Para los despachos especializados en movilidad, consumo o responsabilidad civil, conviene seguir de cerca esta posible “segunda ola” de ajustes regulatorios.
Oportunidad para el sector jurídico-fiscal: pasar de apagar fuegos a diseñar sistemas
El aplazamiento de Verifactu hasta 2027 no es solo un cambio de fecha; es una invitación a los actores clave —entre ellos, los despachos— a evolucionar de un modelo reactivo (resolver dudas y recursos cuando llegan las sanciones) a un modelo proactivo:
- Ayudar a escoger e implantar software de facturación compatible.
- Rediseñar flujos internos y controles de facturación en los clientes.
- Integrar la trazabilidad digital en las políticas de cumplimiento interno (compliance).
- Convertir la “obligación fiscal” en un argumento de gestión eficiente y reducción de riesgos.
Si algo demuestra este movimiento es que la digitalización tributaria seguirá adelante, aunque el camino sea más largo y zigzagueante de lo previsto. Y ahí, los abogados, asesores y despachos especializados tienen mucho que decir… y que liderar.
Fuente: VeriFactu aplazado a 2027
